El Grupo Sindical, constituido por CCOO y UGT, del Consejo Económico y Social de la Comunidad de Madrid en un voto particular emitido sobre la Ley de medidas urgentes de modificación de la Ley de Presupuestos de la Comunidad de Madrid, ha exigido que se limite a la mera aplicación de los recortes que establece el Real decreto ley 8/2010 del Estado y respete los convenios y acuerdos en la región.

Para este grupo la extensión de las reducciones salariales a los trabajadores y trabajadoras de las empresas públicas no sólo no esta justificada sino que es un acto intolerable de intervencionismo en empresas que se rigen por un régimen de derecho privado y cuentan con negociación colectiva y convenios donde el Gobierno regional no tiene ninguna competencia.

Igualmente, se señala que las partidas, con la excepción de las salariales, dirigidas a la Educación han quedado fuera del real decreto ley aprobado por el Parlamento de la Nación. El Gobierno de Esperanza Aguirre, en cambio, mete la tijera en apartados sensibles de la enseñanza pública, suspendiendo apartados del acuerdo sectorial vigente como la formación del profesorado, el pago de las vacaciones del personal interino, los derechos sindicales y las ayudas a la jubilación. Para el Grupo Sindical este recorte tiene difícil justificación, ni por la cantidad ahorrada ni por su singularidad ni por las partidas elegidas, lo que conduce a sospechar que se pretende ajustar cuentas a un profesorado y unos representantes sindicales que se han opuesto con firmeza a las políticas erráticas y privatizadoras de la Consejería de Educación.

El Grupo Sindical llama la atención sobre el conflicto jurídico y social que las medidas contempladas en este proyecto de ley del Gobierno regional están desatando. Se ha optado por actuar como el Gobierno de la Nación presidido por Rodríguez Zapatero, imposición autoritaria sin ningún dialogo social ni intento de consensuar el alcance del problema y las soluciones más adecuadas. Y es que para este grupo en el presupuesto regional hay suficientes vías de despilfarro sobre las que se debe actuar antes que sobre los derechos de los trabajadores o sobre la capacidad de las Administraciones para reactivar la economía.