El miércoles 16 de Junio, el gobierno aprobó el Real Decreto Ley de Medidas Urgentes para la Reforma del Mercado Laboral. Esta Reforma no es en absoluto una respuesta a las necesidades de los trabajadores y trabajadoras, ni una propuesta para devolvernos los derechos laborales y sociales que nos han arrancado progresivamente en los últimos años, menos aún, una propuesta de justicia social en defensa de las personas trabajadoras como parte más débil en la relación laboral, ni es una reforma para terminar con lo que ya es un hecho común en el mercado de trabajo (despido libre y barato), ni una reforma para crear empleo.

Esta Reforma representa, esencialmente, un paso más en la institucionalización de los recortes de derechos laborales y sociales aplicados con mano de hierro sobre los trabajadores y trabajadoras, al conceder rango de norma a la precarización y desregulación casi absoluta de las relaciones laborales. De este modo, se homogeneizan a la baja las condiciones de trabajo en torno al criterio de flexibilidad y se posibilita aún más la reestructuración salvaje en todos los sectores de actividad, ahora ya sin límites institucionales ni control sindical.

Se trata de una Reforma Laboral que en lo relativo a los contratos, el despido, los servicios de empleo, el control del absentismo, las cotizaciones empresariales, los incentivos a las contrataciones y el control y organización del trabajo, viene a garantizar al empresariado sus planteamientos esenciales: rebaja de los costes del contrato, reduce las indemnizaciones por despido, facilita la entrada de las ETTs en sectores que hasta ahora tenían restringidos, flexibiliza las condiciones de trabajo (horarios, jornada, funcionalidad, sistemas de turnos y sistemas de retribución), precariza aún más la contratación juvenil e institucionaliza la pérdida de poder sindical al disminuir sensiblemente la autonomía de una parte (la sindical) en la negociación colectiva, vaciando los convenios colectivos de contenido al día siguiente de firmarlos.

Desde CGT tenemos el convencimiento de que proteger el derecho a la libertad sindical y a la negociación colectiva supone preservar la defensa de los derechos de los trabajadores y trabajadoras (al empleo, a las condiciones de trabajo, la salud, la seguridad jurídica), derechos que en ningún caso pueden ser entregados al capital.

La Huelga General y la lucha social sostenida en el tiempo que implique a los trabajadores y trabajadoras y las clases populares es ahora, más que nunca, imprescindible, pues supone la única garantía de plantar cara al capital y mantener los derechos conquistados y arrancados a los poderosos.

A LA CALLE, QUE YA ES HORA. NI UN PASO ATRÁS, HACIA LA HUELGA GENERAL!