El diagnóstico, además de certificar las carencias educativas de nuestro archipiélago, pone de manifiesto la nula diferencia entre los resultados obtenidos por los centros públicos y los centros privados, colocando el acento de las diferencias existentes, más bien, en el ámbito de los propios centros. Es decir, los malos o buenos resultados tienen que ver más con el entorno socioeconómico y familiar en el que se insertan los centros que con su propia tipología. Esto viene a corroborar que el Sistema Educativo, muy especialmente en Canarias, sigue sin cumplir una de sus funciones esenciales: la compensación de las desigualdades sociales. El alumnado de extracción social desfavorecida continua teniendo muchas menos oportunidades de promoción educativa y social que el alumnado proveniente de sectores sociales con mejores condiciones socioeconómicas y familiares. Ello provoca una indeseable reproducción de las diferencias socioeconómicas y culturales entre la población que el Sistema Educativo se muestra incapaz de amortiguar como sería deseable. Ello, apuntalado además por los irregulares resultados que obtienen algunas comunidades autónomas con notable índice de centros educativos privados (véase los casos de Baleares y Valencia), pone una vez más en entredicho el mito –tan del agrado de los responsables educativos canarios- de la supuesta excelencia de la educación privada frente a la educación pública.

En este contexto, al STEC-IC no le sorprenden los malos datos obtenidos por el alumnado de Canarias en este informe, al igual que en otros similares y que de forma inequívoca apuntan en la misma dirección. Ello es consecuencia lógica del abandono del Sistema Educativo, por parte del Gobierno de Canarias, olvidando la vital importancia que la Educación tiene para el desarrollo de nuestra población y nuestro territorio. La consideración, desde hace ya demasiados años, de la Educación como un actor secundario en las políticas de inversión del Gobierno autonómico, unido a una nefasta gestión del Gobierno Autonómico y de su Consejería de Educación inequívocamente abocan a Canarias a seguir marcando índices negativos en cualquier informe comparativo riguroso –como el caso que nos ocupa- que se realice. Alguna responsabilidad al respecto tendrán aquéllos que han gestionando el Sistema educativo en Canarias, durante las últimas legislaturas, sin considerarlo un elemento prioritario dentro de las políticas que desarrollan.

Pero, soslayando las penosas incapacidades de nuestros gestores educativos, lo significativo ahora es resaltar que, con independencia del estudio que consultemos, resulta innegable la estrecha relación existente entre inversión en materia educativa y resultados escolares, como reiteradamente ha defendido el STEC-IC. No es casual que, con escasas excepciones, indefectiblemente los territorios donde más recursos se colocan a disposición del Sistema Educativo son precisamente los que mejores resultados académicos obtienen. Por el contrario, en Canarias la disminución en la inversión educativa ha sido brutal desde mediados de los noventa (40 millones de euros menos en 2010). Lógicamente, no sólo estamos ante un problema de inversión, sino, por supuesto, de una adecuada administración de la misma. Desgraciadamente, si lo primero no se produce en los parámetros necesarios en nuestro territorio, lo segundo entra dentro de la entelequia en los momentos actuales, en función de la incapacidad manifiesta de nuestros mandatarios autonómicos.

No existen recetas fáciles pero, desde luego, la ocultación y el insulto, la soberbia y la testarudez, por no citar directamente las políticas educativas electoralistas “de cara a la galería”, no parecen ser buenas consejeras a la hora de abordar la situación. Muy por el contrario, desde el consenso entre todos los agentes educativos, entre toda la sociedad canaria, es necesario afrontar una política educativa de choque sustentada en el acuerdo social y en un progresivo aumento de la inversión educativa anual, hasta situarnos en torno al 7% del PIB. Ello permitiría avanzar en todos los frentes abiertos en aras a mejorar la calidad y por ende, los resultados de nuestro Sistema Educativo. Frente a la crispación y la arrogancia gratuita, desde el STEC-IC queremos apostar por el diálogo y el consenso social para configurar la necesaria hoja de ruta que nos permita impulsar la Educación Canaria al lugar que le corresponde, al lugar que Canarias y los canarios merecen. Nos va el futuro en ello.