Según cálculos realizados por el sindicato la cifra total gastada por la Administración madrileña en esta prueba, a todas luces innecesaria, ineficaz y sin garantías de calidad y objetividad sería de 903.799 €. Se añade a esta suma los gastos de seguridad privada en la custodia de los exámenes, así como los gastos de organización o gestión que haya podido asumir la propia administración.

Gasto en pruebas de destrezas indispensables 6º Primaria y 3º de ESO 2010

Aplicadores: 339523,2 €

Correctores: 421.944 €

Apoyo técnico (TEA ediciones): 142.332 €

TOTAL: 903.799 €

Esta estimación económica se han realizado sumando las siguientes cantidades:

La cantidad de 142.332 € destinada según BOCM a la empresa TEA ediciones por “Apoyo técnico para la realización, tabulación, documentación y análisis de resultados de la prueba de conocimientos y destrezas indispensables (CDI)”

La cantidad de 339.523, 2 € para los aplicadores de la prueba. Sobre un total de 106.101 alumnos presentados (53. 973 de Primaria y 52.128 de Secundaria) se han necesitado aproximadamente 4244,04 aplicadores (1 por cada 25 de alumnos). La cantidad destinada a cada aplicador ha sido de 80 €.

La cantidad de 421.944 € para los correctores de la prueba. Se ha convenido con los correctores el pago de 400 € por 150 pruebas en el caso de Secundaria y 400 E por 150 alumnos en el caso de Primaria.

A este gasto hay que añadir la partida destinada a seguridad privada para la custodia de los exámenes en la noche anterior a la realización de la prueba pero no disponemos de los datos.

FETE-UGT Madrid considera que en los tiempos que corren y dado que ya el Ministerio de Educación realiza la evaluación general de diagnóstico en Primaria y Secundaria, como marca la LOE, la Comunidad de Madrid tendría que plantearse no duplicar innecesariamente las gestiones de las dos administraciones, pues suponen un gasto excesivo en tiempo y recursos económicos.

Es incomprensible que la Comunidad de Madrid en convocatorias anteriores se haya negado a participar en pruebas objetivas como el informe PISA y año tras año monte un espectáculo mediático, rueda de prensa incluida, a partir de una prueba que genera crispación y dudas entre los profesionales de la Enseñanza. Habida cuenta que la estructura administrativa de la propia Comunidad dispone de un colectivo de funcionarios de alta cualificación, como son los Inspectores, que según la LOE (art. 148) tienen asignadas las competencias de colaborar en la evaluación y velar por la mejora del sistema educativo y la calidad y equidad de la enseñanza.

Del mismo modo, es la Inspección educativa, junto a los profesionales de los centros, quienes deberían participar en el análisis de los resultados y proponer medidas concretas y diferenciadas para mejorar la calidad y la evolución en los procesos de aprendizaje de los alumnos. También se abusa de contrataciones externas mientras se tienen recursos profesionales internos y personal cualificado que no ha participado ni en la elaboración, ni en la puesta en práctica, ni en la estructura, ni en el análisis de los datos, ni en las conclusiones… Los maestros, profesores e inspectores (salvo los que hayan sido seleccionados a título individual para las correcciones) han sido utilizados por la Administración en el primer caso como meros vigilantes de alumnos y en el segundo, para custodiar de las pruebas.

Éste es un motivo añadido a los argumentos que FETE-UGT Madrid hizo públicos en un comunicado con fecha 23 de abril de 2010 en el que criticó el uso que un año más, la Comunidad de Madrid había hecho de la prueba de destrezas, ya que había permitido e incitado a la opinión pública y a los medios de comunicación a realizar y establecer comparaciones entre los centros escolares, utilizando como base una prueba que, a juicio del sindicato, ni sirve para evaluar el sistema educativo, ni la calidad de los centros de nuestra región.

FETE-UGT Madrid manifiesta nuevamente que el formato de estas pruebas no garantiza ni la “calidad”, ni la “equidad” ni la “convergencia con los objetivos educativos europeos”-que son tres de los principios fundamentales de la LOE y que no son evaluables a través de ellas.

El diseño de la prueba no sirve para valorar la calidad del centro educativo y por ende, del sistema, puesto que su grado de dificultad cambia notablemente de unos años a otros. Por tanto, no es de extrañar que varíen también los resultados individuales de los centros, (por ejemplo, el dictado de 2009 de 3º de ESO contenía 210 palabras y el de 2010, 109).

Estos exámenes no evalúan si el alumnado ha adquirido las competencias básicas que, según marca la propia Ley, son las que deben ser referente sobre “la situación del alumnado, de los centros y del propio sistema educativo y permitirá adoptar las medidas pertinentes para mejorar las posibles deficiencias”, pues pretende evaluar exclusivamente conocimientos de algunas áreas. Por tanto, sus resultados no ofrecen ninguna información global del sistema educativo en su conjunto. Quienes esencialmente disponen de esa información son los propios docentes que, en el ejercicio directo de sus competencias, pueden evaluar procesos y no únicamente resultados.

De ahí que UGT se manifieste absolutamente en contra de que estas pruebas se realicen y utilicen como paradigma de evaluación del sistema y para hacer media en las calificaciones finales de los alumnos. No es de recibo que se implante una selectividad en Educación Obligatoria.