Las medidas consisten en la suspensión o modificación de algunos artículos del Acuerdo Sectorial del Personal Funcionario Docente al Servicio de la Comunidad de Madrid que Imparte Enseñanzas no Universitarias, cuyo contenido es el siguiente:

- A partir del curso 2010/2011 el personal interino no va a percibir retribuciones vacacionales en los términos pactados en el Acuerdo de 11 de abril de 2000. En este se fijaba la percepción completa de estas retribuciones tras 165 días, 5,5 meses, de contrato de interinidad. Para muchos trabajadores y trabajadoras de este colectivo los contratos son discontinuos, por periodos muy cortos; así, para completar los 5,5 meses, deben acumular varios contratos a lo largo de los 9 meses del curso. Evidentemente no se les contrata en Navidad o en Semana Santa, vacaciones, por tanto, que muchos de ellos no cobraban. La medida suspendida era simplemente una justa compensación ante la precariedad de su situación laboral.

- Reducción de un 50 % de la cantidad aportada por la Comunidad de Madrid en concepto de indemnización para incentivar la jubilación anticipada, a partir del 1 de enero de 2011. Es decir, la cantidad global percibida se reduce en un 33,3 %.

- Suspensión de las convocatorias de las licencias por estudios para el próximo curso. Con esta medida, Esperanza Aguirre se carga una vía formativa fundamental para el profesorado, pues, a través de ella, se podían abordar los programas de formación más ambiciosos, como, por ejemplo, la realización de másteres. En el presente curso se concedieron 294, cuya sustitución laboral se realiza por profesorado interino. El próximo curso se perderán estos puestos de trabajo y la formación derivada de la actividad. Por tanto, es una medida generadora de paro.

- A partir del inicio del curso 2010/2011, las ayudas a la formación se reducen de los 2.947.786 € a 1.000.000 €, una reducción de un 66,08 %, pero, además circunscritas a estudios de enseñanzas de régimen especial y desarrollo de la enseñanza bilingüe.

- A partir del 1 de enero de 2011, el fondo destinado a acciones formativas gestionado por las organizaciones sindicales también se reduce de 2.210.849 € a 1.000.000 €; es decir un 54,77 %.

- Reducción del tiempo retribuido a los delegados de las Juntas de Personal y de las Secciones Sindicales, para realizar funciones sindicales, de 75 h/mes a 40 h/mes. También se suspenden las dispensas totales para los sindicatos de especial audiencia. Según la propia consejera esto va a afectar a unos 140 trabajadores sindicales, cuyas plazas eran sustituidas por personal interino; es decir, además de reducir los servicios que prestan los sindicatos, más paro: 140 internos más a la calle.

- Suspensión del fondo de Ayudas a las Organizaciones Sindicales para los gastos de administración del Acuerdo. Este fondo supone 529.652 €/año, cuya percepción va en función de la representatividad obtenida en las elecciones. Esta es una medida propagandística que no genera ahorro real, pues, desde hace tres años, la Comunidad de Madrid, incumpliendo la ley, no la estaba pagando.

Todo este conjunto de medidas sin precedente tienen su diseño exclusivo en la Administración madrileña, ya que no derivan de la aplicación de la normativa estatal, cuyo efecto directo es la reducción en un 5 % de la masa salarial. De hecho, la aplicación de la reducción salarial fue presentada este mismo día, a las 11:00, en la Mesa General de Negociación de los Empleados Públicos de la Administración Autonómica. En este aspecto, es necesario señalar que la Comunidad de Madrid está en peores condiciones que el resto de las CCAA. Aquí ya se habían congelado los complementos autonómicos en dos ejercicios con la acumulación de una pérdida respecto a las demás CCAA de un 2,3 %; es decir, en la Comunidad de Madrid vamos a tener una reducción real de un 7,3 % respecto al resto del Estado en nuestros complementos autonómicos.

Aprovechando la crisis, La Consejería de Educación va a realizar un duro recorte a los derechos adquiridos de los docentes y, muy especialmente, a los vinculados a su formación permanente, y en los del colectivo más débil por su precariedad en el empleo: el personal interino, evidencia de que la Educación y su personal le importan bastante poco. Esta actitud no es una novedad, UGT lo ha venido denunciando desde hace años, pero ahora se hace más patente si cabe. Esta reducción de la dotación presupuestaria a la formación repercutirá en el proceso de consecución de los créditos necesarios para el cobro de los sexenios, así como en la diversidad de la oferta formativa disponible y es claramente generadora de paro en el sector.

Por otra parte, se pretende dificultar la acción de los sindicatos, cuya labor es fundamental en el apoyo a los trabajadores, la defensa de sus derechos, la negociación colectiva y la denuncia de las políticas arbitrarias de esta Administración. UGT, como sindicato de clase, ha estado denunciando la nefasta política educativa de Esperanza Aguirre y movilizando al sector a lo largo de estos últimos años.

Sorprende sobremanera que no se hayan anunciado medidas de este tipo en el resto de los sectores de la Función Pública ¿Por qué tiene Esperanza Aguirre ese especial interés en machacar a los docentes? ¿Pretende resolver su problema ante el déficit con recortes adicionales en Educación exclusivamente?