El Congreso de los Diputados ha aprobado hoy la ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa Española, con la que el Gobierno español pretende dar por cumplida parte de la reforma del Fondo de Ayuda al Desarrollo (FAD). La Campaña ¿Quién debe a Quién? expresa su más enérgico rechazo a dicha ley y acusa al Gobierno de incumplir con sus compromisos.

La Ley de Reforma del Sistema de Apoyo Financiero a la Internacionalización de la Empresa española, aprobada hoy en el Congreso de Diputados, supone la creación de un nuevo instrumento de crédito, FIEM, generador de más deuda externa en los países empobrecidos, con el único objetivo de apoyar a las empresas españolas en sus operaciones fuera de nuestras fronteras. Para ¿Quién debe a Quién? esta nueva ley supondrá un grave retroceso en las obligaciones de nuestro país con relación a los compromisos internacionales de derechos humanos, la generación de deuda externa y la lucha contra la pobreza, profundizando la falta de control público, transparencia y rendición de cuentas.

“La ley ignora totalmente la corresponsabilidad que el Estado español tiene en la crisis de la deuda de los países más empobrecidos” afirma Gemma Tarafa, de ¿Quién debe a Quién? y del Observatorio de la Deuda en la Globalización. Para Tarafa, “la creación de un nuevo instrumento generador de deuda externa para el Sur contradice totalmente el espíritu de la Ley de gestión de deuda externa, aprobada en 2006, que obligaba al Gobierno a afrontar la reforma de FAD y CESCE como instrumentos generadores de deuda”.

Desde ¿Quién debe a Quién? se acusa al Gobierno de querer buscar una salida a la crisis económica, apoyando a las empresas españolas a costa de los derechos humanos en el Sur, sufragado con los fondos de los contribuyentes y a cargo de la deuda externa de los países del Sur. “La ley aprobada agravará los nefastos errores del pasado, denunciados durante los más de 30 años de existencia de los FAD, favoreciendo así la desviación de fondos públicos para proyectos en los que se violen los derechos humanos, se fomenten prácticas de soborno y corrupción, o en los que se generen graves impactos económicos, ambientales y sociales”, denuncia Rica García, de la Campaña ¿Quién debe a Quién? y el Observatorio de los Derechos Humanos DESC.

¿Quién debe a Quién? pone el acento también en “la violación del principio de coherencia de políticas y consecuente hipocresía del Gobierno al aprobar un instrumento que podrá continuará apoyando financieramente a empresas que han sido repetidamente denunciadas por sus actuaciones en los países del Sur”, según García. Efectivamente, un tercio de las denuncias presentadas ante la reciente sesión del Tribunal Permanente de los Pueblos (Madrid, 14 a 17 de mayo de 2010) correspondían a casos de violación sistemática de los Derechos Humanos y de los Derechos de los Pueblos por parte de empresas españolas.

De hecho, a pesar de la retórica de la Ley en cuanto a excluir de los créditos FIEM las operaciones de empresas que hayan contribuido a la violación de los derechos humanos, que hayan participado en prácticas de corrupción, que hayan violado los acuerdos en materia de derechos de los trabajadores, de la infancia u otros, no se dota al FIEM de ningún mecanismo específico de transparencia y acceso público a la información, control de los fondos, participación de la sociedad civil y las comunidades afectadas, evaluación de impactos ni rendición de cuentas con mecanismos legales de sanción.

Finalmente, el Gobierno español ha incumplido con su obligación de reformar la Compañía Española de Seguros y Crédito a la Exportación (CESCE), ya que la ley no incorpora las modificaciones necesarias en CESCE para garantizar que no se genere más deuda externa ilegítima o no se apoyen proyectos social y ambientalmente insostenible. Se mantiene la falta de transparencia y control ciudadano y parlamentario de CESCE.

En el trámite de la Ley en el Senado, la presión de diversas organizaciones y plataformas de la sociedad civil en general, y de la Campaña ¿Quién debe a Quién? en particular, ha conseguido introducir pequeñas mejoras en la propuesta inicial del Gobierno. Así se ha conseguido revertir la intención inicial del ejecutivo de Rodríguez Zapatero y que los créditos de FIEM no contabilicen como Ayuda Oficial al Desarrollo. “Al menos se ha conseguido que lo llamen por su nombre y no esconder lo que es apoyo a las empresas españolas como ayuda a los países del Sur”, declara Merche Valls, de ¿Quién debe a Quién?. También se ha frenado la intención del Gobierno de permitir destinar fondos a material militar o de lucha antiterrorista, así como de financiar con fondos reembolsables los servicios sociales básicos, que deben ser en todo caso financiados con donaciones y no con créditos.

“Hasta ahora la reforma de FAD y CESCE no se puede calificar de otra forma que decepcionante y totalmente insuficiente” concluye Valls. “El Gobierno muestra su cara más hipócrita al dar luz verde a una la Ley permite seguir canalizando fondos de los ciudadanos a intereses privados con absoluta falta de control público, al mismo tiempo que recorta las políticas sociales y de cooperación”. Para ¿Quién debe a Quién? a puesta en marcha de FIEM supondrá un empeoramiento de la crisis de la deuda en los países del Sur, generando más deudas ilegítimas y contribuyendo a la acumulación de deudas ecológicas y climáticas. Ante esta situación, puesto que el Gobierno español es incapaz de respetar sus compromisos, la Campaña ¿Quién debe a Quién? permanecerá movilizada en su denuncia del apoyo público mediante CESCE y FIEM, a las empresas transnacionales españolas responsables de graves violaciones de los Derechos Humanos, sociales y laborales en los países del Sur.