– Dichas medidas han sido acordadas obviando el diálogo social, lo cual supone un manifiesto desprecio de los canales de la democracia participativa. Las organizaciones sociales y, en concreto, las asociaciones vecinales, no hemos sido informadas ni oídas en momento alguno.

– Rechazamos la paralización de la construcción de nuevos equipamientos sociales (educativos, asistenciales, deportivos). Ello tendrá la muy negativa consecuencia de que el déficit dotacional de la ciudad y, sobre todo, de los barrios más modestos aumentará, siendo que ya es muy elevado.

– Rechazamos, igualmente, la previsión de que la puesta en marcha de los equipamientos actualmente en construcción no conllevará un aumento del número de empleados públicos. Sería inadmisible que, después de acabados, se queden cerrados o que la gestión sea privatizada.

– La reducción de gastos e inversiones en diversos capítulos (supresión de fundaciones, reducción del parque móvil, paralización del centro de convenciones, etc.) no sólo no son de lamentar, sino que muestra el peso desproporcionado sobre la actividad municipal de los gastos suntuarios y de las obras faraónicas.

La consecuencia de tales excesos se hace ahora más notoria que nunca: la carga de la deuda del ayuntamiento más endeudado de España sigue siendo un tremendo lastre. El dinero que debería servir para atender los problemas más sentidos por los vecinos y vecinas (paro, seguridad, convivencia, atención de las personas dependientes, vivienda, contaminación atmosférica y acústica, déficit dotacionales, precariedad del espacio público, etc.) se lo llevan los bancos.

A nadie se le esconde que las finanzas municipales atraviesan una difícil situación. La FRAVM se opone radicalmente a que sean los vecinos y vecinas de los barrios populares quienes paguen las consecuencias. En tal sentido, rechazamos el previsible aumento de la presión fiscal municipal. Una vez más, exigimos la creación de figuras impositivas de recaudación municipal sobre quienes más tienen y la reforma del modelo vigente de financiación de los ayuntamientos de manera que éstos dispongan de más recursos, los acordes con el hecho de que son la administración más cercana a los ciudadanos y ciudadanas y sus necesidades.

Por último, rechazamos cualquier reducción, todavía mayor, de las competencias que en la actualidad tienen las juntas municipales de distrito.