Esta Asociación de profesionales entiende que este Ayuntamiento, al hacer público en el B.O.C.M. Núm. 104 de fecha 3 de mayo de 2010, la convocatoria para la adjudicación, por procedimiento abierto, del contrato de gestión de servicios públicos denominado “Prestación del servicio de educación social”, debe ser consciente de las consecuencias que este retraso en la publicación de la convocatoria va a ocasionar, tanto para la población atendida por este servicio, como para los 111 Educadores Sociales que componen dicha plantilla.
Por lo tanto, la máxima preocupación se encuentra en los plazos de contratación, ya que éstos supondrán la paralización del servicio, con las consecuencias sociales que ello engloba, y los efectos que conlleva, ya que se podría generar una pérdida inestimable del trabajo realizado durante años por las educadoras y educadores sociales, efectos negativos en la marcha de la coordinación y trabajo multidisciplinar de los equipos profesionales, así como la involución del desarrollo socioeducativo de las personas participes del servicio y por lo tanto, de la confianza de los colectivos más desfavorecidos y del resto de la población, en la calidad y resultados de las funciones y objetivos de la Educación Social y por extensión de la Intervención Social en general y de los profesionales que la integran.

Consideramos que este Ayuntamiento debería potenciar el servicio de Educación Social dependiente del mismo, y valorar la labor socioeducativa, social y psicológica que realizan los colectivos profesionales de la intervención social, reconociendo el beneficio que la intervención y la prevención socioeducativa genera sobre la comunidad. Por lo que entendemos, que paralizar el servicio, supondría un desconocimiento real sobre las necesidades sociales de la población, imprescindibles para su implicación activa y para prevenir consecuencias sociales más severas.

Desde la Asociación Madrileña de Educadoras y Educadores Sociales, se ha solicitado, como corresponsables de ofrecer un servicio a la ciudadanía de calidad y como profesionales implicados dentro de sus funciones, en la mejora de la intervención socioeducativa que finalmente se ofrece a ésta, se tomen las medidas oportunas para dar continuidad a este servicio y evitar las consecuencias que su paralización supondría de forma global a la ciudadanía.