«Llamamos a la responsabilidad de los miembros del Senado italiano para que no se vuelvan cómplices de una ley que merma la libertad y que es completamente incompatible con los estándares democráticos europeos que las asambleas parlamentarias han supuesto encarnar y garantizar. El reto de esta ley excede el ámbito nacional. Si Italia, como miembro fundador de la Unión Europea aprueba esta ley, la señal enviada al resto de los países sería catastrófica y alentaría a un buen número de dictaduras a “inspirarse oportunamente” con este texto para limitar la capacidad de investigación de la prensa local, con consecuencias aún más dramáticas. La magnitud del problema no puede ser descuidada», declaró Reporteros Sin Fronteras.

«Las escuchas telefónicas constituyen muy a menudo los principales elementos que permiten adelantar con las investigaciones publicadas sobre corrupción y crimen organizado. No se puede exigir de un lado que la prensa aporte las pruebas que justifican su avance y del otro, prohibirle que proporcione dicha información a sus lectores. Iniciada bajo el mandato del gobierno anterior, esta ley sólo tiene el objetivo de prohibir cualquier tipo de investigación. Es evidente que la justicia italiana tiene facultades sobre los registros policiales, pero la experiencia ha demostrado que “la ayuda de la prensa” en este dominio era a menudo bienvenida», continuó la organización.

«Les recordamos que los periodistas no son responsables ni del contenido de estas escuchas ni de los escándalos que podrían poner en evidencia. Su publicación en los medios no es difamación sino mero interés público. El importe de la multa es completamente desproporcionado, equivaliendo así, a una censura económica. ¿Cuántos medios informativos se atreverán a publicar este tipo de investigaciones frente a una guillotina financiera? », concluye Reporteros Sin Fronteras.