Mañana miércoles, 26 de mayo, de 12 a 14 y de 19 a 21 horas, en la Puerta del Sol, delegados sindicales de Correos de CCOO, CSI-CSI•F, Sindicato Libre y CGT llevarán a cabo unas jornadas de recogidas de firmas para demandar viabilidad para el operador público, financiación, inversión, el desbloqueo del convenio y acuerdo, bloqueado desde hace más de 16 meses, y al objeto de rechazar un anteproyecto de ley postal que enmascara una reconversión encubierta de Correos que implicaría la pérdidas de miles de empleos. Esta acción se repetirá todos los miércoles en el mismo lugar.

Al recorte económico que viene padeciendo Correos, con un "tijeretazo" en las inversiones de 2010 cercano al 50%, al déficit "maquillado" de 2 millones de euros con una empresa que se encuentra en quiebra técnica, a la reducción de plantilla de entre el 10 y el 12% en los últimos años (ya sólo quedan 60.000 empleados, unos 15.000 en la Comunidad de Madrid), y a la tentativa de privatización por parte del Ejecutivo, se suman ahora los recortes añadidos del plan de ajuste del Gobierno, "que parece que ha tomado la decisión de llevarse por delante a Correos" y que ha tomado una posición claramente liberalizadora. Ha apostado por el mercado en detrimento de los derechos de ciudadanía y eliminará definitivamente, el 1 de enero de 2011, el servicio reservado a Correos, poniendo punto final al exiguo monopolio que hasta la fecha era esencial para la financiación de Correos, y sin dar a esta empresa una alternativa financiera para abordar la apertura del mercado a miles de operadores.

Denuncian los sindicatos que el anteproyecto plantea un recorte del servicio postal universal, limitando su extensión y empeorando sus condiciones de prestación, sin inversiones, facilitando la entrada masiva de operadores privados y sin regulación de las condiciones laborales.

Frente a una ley liberalizadora, la mayoría sindical continuará con el proceso de movilizaciones, que culminará con la convocatoria de huelga general en Correos, el 10 de junio, para exigir la ampliación del servicio postal universal, su financiación íntegra por parte del Estado, como contemplaba la versión protectora de la Directiva, el acceso de los operadores privados a los servicios invirtiendo en infraestructuras propias, el mantenimiento del empleo en un plan estratégico que, hoy por hoy, es inexistente, y Correos como prestador del Servicio Postal Universal en los próximos 15 años con financiación e inversión.