Los ministros europeos de Energí­a, fuertemente presionados por las compañí­as eléctricas, están a punto de impedir que los consumidores tengan acceso a un desglose completo de la contaminación generada por la electricidad que consumen.

Este viernes se reúne en Luxemburgo el Consejo Europeo de ministros de Energí­a, para debatir la propuesta de Directiva sobre liberalización de los mercados energéticos. La Directiva incluye un artí­culo sobre el "etiquetado energético", que establecerí­a la obligación de las empresas de informar a los consumidores, en la factura y en sus anuncios, del origen de la electricidad que nos venden y de sus impactos ambientales.

Sin embargo, Rodrigo Rato, ministro responsable de la energí­a en España, se ha alineado con las compañí­as eléctricas en su propósito de impedir que esa información llegue a los consumidores.

"Las compañí­as eléctricas han encontrado en el Gobierno español a un gran aliado para seguir ocultando el impacto ambiental de la electricidad que nos venden" -ha declarado José Luis Garcí­a Ortega, responsable de la campaña de energí­a y cambio climático de Greenpeace España-. "Los consumidores tienen derecho a saber cuánto afecta al cambio climático y a la contaminación radiactiva la electricidad que compran, para poder ejercer su derecho a elegir".

La tesis del Gobierno español, idéntica a la de la patronal UNESA, es que facilitar esa información resultarí­a demasiado costoso. Sin embargo, un reciente proyecto de investigación financiado por la UE ha estimado el coste de operación de un sistema de desglose para toda la UE en 0,0001 €/Kwh.

En una carta dirigida a Rodrigo Rato por Greenpeace, WWF, Red Europea de Acción del Clima y Amigos de la Tierra, estas organizaciones ecologistas proponen que se asegure que los suministradores de electricidad especifiquen en las facturas y en todo su material publicitario dirigido a los consumidores finales lo siguiente:

– Desglose de todos los impactos ambientales.

– El desglose del CO2 como único indicador ambiental favorecerá injustamente a la energí­a nuclear sobre otras fuentes de electricidad. Por tanto, deberí­an incluirse los residuos radiactivos.

– La inclusión de la importancia relativa de cada fuente de energí­a es engañosa sin información sobre el impacto ambiental total del conjunto de las fuentes de energí­a (el "mix" energético). Por tanto, deberí­an incluirse los impactos totales, no la contribución relativa de cada fuente de energí­a.

– Desglose de la oferta completa de cada compañí­a. Los consumidores deberí­an ser informados del conjunto de fuentes de energí­a suministradas por su compañí­a durante los tres meses precedentes.

– Desglose del producto. Los consumidores deberí­an ser informados sobre la contribución porcentual de cada fuente de energí­a a la electricidad suministrada por su compañí­a.

– Deberí­a establecerse un sistema de verificación eficaz e independiente, e imponerse penalizaciones a las compañí­as que no desglosen la información sobre la electricidad.

En el borrador de Directiva de la UE sobre Liberalización de la Energí­a, la Comisión Europea propuso un requisito para que los consumidores reciban información sobre las fuentes, precio y ciertos impactos ambientales de los combustibles. El desglose obligatorio de las fuentes de electricidad es cada vez más común: en EE.UU., 19 estados tienen en vigor legislación sobre el desglose; en Austria, desde octubre de 2001 las eléctricas tienen que desglosar las fuentes de su producción, y Holanda prepara una legislación similar.

En su primera lectura, el Parlamento Europeo apoyó la iniciativa de la Comisión y puso requerimientos más especí­ficos para el desglose de las fuentes de energí­a (refiriéndose tanto a la cartera energética de la compañí­a como al producto servido) y su impacto ambiental, incluyendo CO2, SOx, NOx y residuos nucleares.

Pero el Consejo quiere ahora aguar esta obligación. El texto actual sobre desglose, si se adopta, proporcionarí­a una información engañosa y, en el mejor de los casos, inútil para los consumidores:

Sin desglose de las fuentes de energí­a del producto comercial servido al consumidor final.

Sin información significativa sobre CO2. El requerimiento de desglosar sólo las emisiones de CO2 relativas de cada "ingrediente" energético es engañoso, sin información sobre las emisiones totales de CO2 del conjunto de fuentes empleadas.

Sin información sobre residuos radiactivos.

Sin un sistema de verificación eficaz e independiente, ni penalizaciones a las compañí­as que no desglosen la información sobre la electricidad.