“Los relatos de testigos presenciales y las grabaciones de vídeo demuestran claramente que el ejército está disparando munición real contra personas desarmadas que no representan ningún peligro para los soldados ni para terceros –ha señalado Benjamin Zawacki, especialista en Tailandia de Amnistía Internacional–. Es una violación grave de un derecho humano fundamental: el derecho a la vida.”

“Es ilegítimo disparar munición real deliberadamente contra personas desarmadas, incluidos manifestantes, que no representan una amenaza verosímil para nadie” afirmó Zawacki.

Desde el 13 de mayo, cuando el gobierno puso en marcha la operación Rachaprasong, los soldados han disparado balas de goma y munición real en varias partes de Bangkok, en torno a los lugares de protesta. El gobierno afirma que entre los manifestantes se ocultan unos 500 “terroristas”.

Al menos 35 manifestantes desarmados han perdido la vida. Entre las víctimas había dos médicos, abatidos los días 15 y 16 de mayo, que llevaban uniforme de personal médico con una cruz roja bien visible, y un muchacho de 17 años, muerto por disparos el 15 de mayo. El general de división Khattiya Sawatdiphon (también llamado “Seh Daeng”), asesor militar de los manifestantes, fue alcanzado por un disparo de un francotirador el 14 de mayo y murió tres días más tarde. También murió por disparos otro soldado.
Más de 200 personas han resultado heridas, entre ellas varios periodistas tailandeses y de otros países y un niño de 10 años.

“El gobierno no puede permitir que los soldados disparen por norma contra cualquiera que se encuentre dentro de la zona que pretende controlar”, afirmó Zawacki.

Las reglas de intervención del gobierno, articuladas el 14 de mayo por su Centro de Resolución de Situaciones de Emergencia, establecen que sólo se podrá utilizar munición real para hacer disparos de advertencia al aire, en defensa propia o cuando las fuerzas de seguridad vean con claridad a individuos considerados “terroristas”. El 16 de mayo, el citado centro declaró “zonas de fuego real” varias áreas adyacentes al lugar de la protesta.
Según contaron varios testigos presenciales a Amnistía Internacional, los soldados abrieron fuego en dirección a la zona con fusiles de largo alcance, a una distancia desde la cual no era probable que las víctimas representaran peligro alguno.

El portavoz del Centro de Resolución de Situaciones de Emergencia, coronel Sansern Kaewkamnerd, afirmó el 14 de mayo que los soldados guardarían la distancia con los manifestantes y utilizarían munición real para impedir que la gente se acercara más. Al disparar para frenar a los manifestantes, los soldados apuntarían por debajo de la rodilla y sólo dispararían una bala cada vez.

“Es inadmisible con arreglo a las leyes y normas internacionales, que establecen que las armas de fuego sólo se utilicen como último recurso cuando un presunto delincuente oponga resistencia armada o haga peligrar la vida de terceros y no basten medidas menos radicales para su inmovilización o aprehensión. Aparte de las situaciones inequívocas de defensa propia, el control de los disturbios debe estar a cargo de policías formados que utilicen medios no letales, y no de soldados que empleen munición real”, afirmó Zawacki.

Información complementaria

El Frente Nacional Unido de Democracia contra la Dictadura, cuyos miembros son conocidos generalmente como “camisas rojas” por el color de su vestimenta, empezó a manifestarse en Bangkok el 12 de marzo.

Muchos de ellos son aliados del ex primer ministro tailandés Thaksin Shinawatra, depuesto en un golpe de Estado en 2006 y actualmente en el exilio voluntario. Reclaman más democracia y en todas las ocasiones exigen la disolución del Parlamento y convocatoria de nuevas elecciones. También han reivindicado en ocasiones la dimisión y el exilio del primer ministro Abhisit Vejjajiva, quien el 3 de mayo propuso un Plan de Reconciliación de cinco puntos que incluía la disolución del Parlamento y nuevas elecciones para el 14 de noviembre de 2010. Los manifestantes aceptaron el plan en un principio, pero después plantearon un “Plan Rojo” alternativo y se negaron a evacuar el lugar de la protesta, ocupado desde el 3 de abril.

La Ley de Seguridad Interna lleva en vigor desde el inicio de las protestas y el 7 de abril se promulgó un decreto de emergencia; ambos confieren atribuciones amplísimas al ejército, y el decreto se ha ampliado para abarcar prácticamente la mitad de Tailandia.

Tailandia se ha adherido al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, que establece que no se podrá restringir el derecho a la vida ni siquiera “en situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación” (artículo 4).

Emplear medios letales constituye una temeraria violación del derecho internacional relativo al uso de la fuerza. Los Principios Básicos sobre el Empleo de la Fuerza y de Armas de Fuego por los Funcionarios Encargados de Hacer Cumplir la Ley (1990) y los Principios Relativos a una Eficaz Prevención e Investigación de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (1989), aun sin ser vinculantes per se, representan el concierto global de los Estados sobre la mejor manera de cumplir las disposiciones internacionales sobre derechos humanos durante las operaciones dirigidas a hacer cumplir la ley sin vulnerar el derecho a la vida. Ambos establecen claramente que sólo se puede recurrir a los medios letales cuando sea estrictamente imprescindible para proteger la vida.