A 30 de abril, son ya 33 los trabajadores fallecidos, frente a los 28 de 2009. En la industria el número de siniestros graves también ha aumentado (31 en 2010 frente a 22 en 2009). En este sentido, cabe destacar el aumento de los accidentes mortales in itinere: de 8 entre enero y abril de 2009 a 13 en el mismo período de este año.

A juicio de UGT-Madrid, la delicada situación por la que atraviesa la economía regional está dando lugar a que las medidas de prevención establecidas por Ley se incumplen sistemáticamente, con el subsiguiente efecto sobre los trabajadores y trabajadoras. Se observa una ausencia de correlación entre la caída de la actividad productiva como consecuencia de la crisis y el incremento de la accidentalidad laboral. Mientras la tasa de empleo ha caído casi dos puntos porcentuales entre los primeros trimestres de 2009 y de 2010, la siniestralidad ha aumentado un 17,68.

Por otra parte, el descenso observado en otras calificaciones como leves y graves, salvando el mencionado caso de la industria, continúa siendo muy inferior al esperado. Contrariamente a la oportunidad que brinda la crisis para corregir las insuficiencias que presenta la mala aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, el escenario actual apunta a una espiral de incumplimientos sistemáticos.

Por ello, UGT-Madrid exige la firma con carácter inmediato de los convenios que permita poner en marcha de una forma eficaz el III Plan Director de Riesgos Laborales. La Administración Regional tiene la obligación de cumplir con el contenido de este acuerdo firmado en 2008 con el propósito de frenar la escalada de accidentes que tradicionalmente se contabilizan en esta comunidad autónoma.

El sindicato cree también imprescindible que se publique el listado de empresas infractoras, que sin duda tendrá un efecto persuasivo que garantice el cumplimiento de la Ley.

En último lugar, UGT insiste en la necesidad de velar por las víctimas, auténticas perjudicadas de la ausencia de implantación de una cultura preventiva. Los accidentes de trabajo son evitables si se cumple con lo pactado, pero tampoco conviene olvidar que tanto el empresariado como la Administración se encuentran en deuda con las personas que fallecen o sufren un accidente. El apoyo que deben recibir es innegociable.