El gobierno incumple compromisos nacionales e internacionales interponiendo intereses económicos a la cobertura de servicios básicos de miles de personas.

La Coordinadora ONGD-España asiste con perplejidad esta semana al cambio de rumbo en las políticas de cooperación del gobierno después de que el presidente Zapatero anunciara el miércoles el recorte en 600 millones de la Ayuda Oficial al Desarrollo (AOD) y la Secretaria de Estado de Cooperación Internacional, Soraya Rodríguez, admitiera ayer públicamente la dificultad, por no decir imposibilidad, de llegar a destinar el 0’7% de la RNB española a AOD en 2012 como estaba comprometido públicamente.

Según el Eurobarómetro de 2009, 9 de cada 10 europeos y europeas se muestran favorables a aumentar la Ayuda Oficial al Desarrollo. Recortarla es directamente contrariar la voluntad de la ciudadanía, además de poner en peligro el cumplimiento del Pacto de Estado que en 2007 firmaron todos los grupos políticos con representación parlamentaria. España se comprometió, a través del Consenso Europeo sobre Desarrollo, a lograr destinar este año el 0’51% de su RNB a Ayuda Oficial al Desarrollo pero ahora este anuncio aleja a nuestro país de responder al compromiso europeo. Cabe también recordar que el próximo mes de septiembre se revisan en Nueva York los Objetivos de Desarrollo del Milenio, el mayor compromiso mundial para conseguir reducir a la mitad la pobreza en 2015. La sociedad civil ha exigido reiteradamente al gobierno español, y más en este semestre que preside la UE, un plan de reactivación y un esfuerzo extra para avanzar en el cumplimiento, pero los anuncios de esta semana hacen dudar del impulso que España pueda llevar a la Cumbre de las Naciones Unidas.

La Coordinadora ONGD-España quiere mostrar también su sorpresa ante declaraciones procedentes de destacados actores sociales que disculpan o hasta alientan el recorte en desarrollo, trasladando las responsabilidades de nuestro gobierno al esfuerzo personal de, una vez más, las personas más vulnerables como son los colectivos de inmigrantes.

Insistimos en que la crisis no puede ser una excusa para que nuestro gobierno incumpla su deber con los más empobrecidos que, recordemos, no han sido quienes han generado la crisis. Más de mil millones de personas viven con hambre y el gobierno tiene el deber de recortar otros gastos indiscutiblemente más innecesarios que la cobertura de necesidades básicas como alimentación o salud para miles de personas sin recursos. Este modelo deshumanizado en el que el dinero preocupa más que los seres humanos debe ser reinventado o las cifras de hambrientos continuarán creciendo exponencialmente.