El Comité echa en falta medidas activas y efectivas que propicien empleo para sufragar el déficit y crear riqueza en nuestro país, consolidando y sosteniendo los servicios sociales y asistenciales tan necesarios en un entorno social desarrollado.

Las medidas anunciadas recaen sobre la población más débil y que más necesita de medidas de apoyo en lo social y laboral mientras el Gobierno reacciona tarde y tan sólo habla de recortes sin ninguna alusión para volver a crear riqueza a través del empleo.

El Comité de Entidades de Representantes de Personas con Discapacidad de la Comunidad de Madrid, CERMI Comunidad de Madrid, muestra su descontento con las medidas anunciadas por el presidente Zapatero en su comparecencia ante el Congreso para anunciar “medidas de choque” para reducir el gasto público en unos 15.000 millones de euros sin hacer nada para la generación de puestos de trabajo.

Para el Comité: “es algo que se veía venir y que, seguramente, se produce más tarde de lo deseable. En el fondo, parece que estos años anteriores en los que se ha vivido por encima de posibilidades deben de pagarse entre este año y el próximo. Lo malo es que siempre pagan los mismos: los que tienen que ajustarse a una nómina, los pensionistas y los más desfavorecidos como son las personas con discapacidad”.

Las medidas expuestas hablan de la supresión para 2011 de la revalorización de pensiones. La actualización de las prestaciones por jubilación en función de la evolución del Índice de Precios al Consumo ha estado garantizada por ley durante los últimos 25 años. Del total de beneficiarios, 8,6 millones de españoles, un 30% cobra las pensiones mínimas, entre ellas, miles de personas con discapacidad que se verán afectadas por la medida.

Según el Comité, “Nuestro colectivo se verá seriamente afectado al igual que sus familias porque, cargar sobre sus pensiones la solución al momento actual, provocará un mayor gasto familiar y recurrir en mayor medid, a las ayudas que propicia la administración. Si no crecemos, no se genera empleo y si sólo pagamos el déficit, corremos el riesgo de entrar en una grave parálisis que retrotraerá al colectivo de personas con discapacidad a 20 años atrás, en su intento de conseguir importantes cotas de autonomía personal y una óptima calidad de vida”

No equiparar las prestaciones con la evolución de los precios permitirá ahorrar el próximo año 1.500 millones de euros, pero también supone una pérdida de poder adquisitivo y, si además suben los impuestos se va a resentir el consumo, por lo que se recaudará menos: “nos esperan tiempos duros en los que el gasto social va a sufrir recortes importantes; y la prueba son las medidas actuales adoptadas por el actual gobierno, mientras, los parados ya no saben dónde buscar un empleo que les permita vivir.., y pagar su parte de la factura”, comenta el CERMI de Madrid.

Por lo que respecta concretamente a la dependencia se elimina la retroactividad en el cobro de la prestación. No obstante, el Gobierno se compromete al mismo tiempo a que todas las solicitudes se resuelvan en un plazo de seis meses para minimizar el impacto económico de esta medida. El Comité no se explica cómo el gobierno se puede comprometer a esta situación cuando las competencias sobre la ley de autonomía personal y de atención a las personas en situación de dependencia han sido completamente transferidas a las comunidades autónomas.

Además, los derechos de retroactividad que ya se hayan generado podrán pagarse en un máximo de cinco años. Hasta ahora, cuando una persona comenzaba a cobrar una prestación económica, junto a la primera mensualidad se pagaba una cantidad única equivalente al número de meses que hubieran transcurrido desde su solicitud. El Ejecutivo dice que "no tendrá sentido" esta retroactividad, porque no habrá retrasos que compensar en la recepción de los servicios y prestaciones. Una medida que tampoco acepta el Comité, por entender que habrá muchas personas que desgraciadamente no lleguen a poder beneficiarse de las ayudas de la ley.

El CERMI opina que: “una cosa es la voluntad de cumplir la palabra dada y otra las circunstancias que hacen que no se pueda cumplir. Mucho nos tememos que, a pesar de esta buena voluntad, la realidad impondrá su circunstancia por no haber actuado antes ante una situación que todo mundo sabía que era difícil. Después de esta medida esperamos que no vayamos a más. No se puede abanderar la política social y aplicar medidas antisociales. Esta actitud es totalmente incoherente e inaceptable”