UGT y CCOO han solicitado al Gobierno que abra un cauce de interlocución entre los Ministerios de Justicia, Interior y Trabajo y las organizaciones sindicales y establezca un mecanismo de participación en el proceso para transponer dos directivas comunitarias sobre igualdad de trato a las personas, independientemente de su origen racial o étnico, y sobre igualdad de trato en el empleo y la ocupación. Ambas directivas deben incorporarse a la normativa española en 2003. A continuación adjuntamos la carta que Cándido Méndez y José Marí­a Fidalgo, Secretarios Generales de UGT y CCOO, respectivamente han remitido a los ministros de Justicia, Interior y Trabajo, José Marí­a Michavila, Angel Acebes y Eduardo Zaplana.

Estimado Ministro:

Como usted sabe, el Consejo de la Unión Europea promulgó las Directivas 2000/43/CE relativa a la aplicación del principio de igualdad de trato de las personas, independientemente de su origen racial o étnico y la 2000/78/CE relativa al establecimiento de un marco general para la igualdad de trato en el empleo y la ocupación.

La primera Directiva en su artí­culo 11, insta a los estados miembros, con arreglo a sus respectivas tradiciones y prácticas, a adoptar las medidas adecuadas para fomentar el diálogo social entre los interlocutores sociales, a fin de promover la igualdad de trato, entre otras ví­as, mediante el control de las prácticas en el lugar del trabajo, convenios colectivos, códigos de conducta, la investigación o el intercambio de experiencias y buenas prácticas. Por otra parte la Directiva establece la obligación de crear uno o más organismos especializados para la promoción de la igualdad de trato, para prestar asistencia a las ví­ctimas, o para realizar estudios, publicar informes, etc.

La segunda Directiva si bien no plantea la obligatoriedad de creación de ningún organismo especializado, insta en su artí­culo 13, a los estados miembros a adoptar las medidas adecuadas para fomentar el diálogo entre los interlocutores sociales en el mismo sentido que está planteado en el artí­culo 11 de la primera Directiva; y aunque no se menciona, la creación de un órgano de participación y de seguimiento para la segunda Directiva, que puede ser el mismo, se convierte en un instrumento de apoyo complementario necesario.

Por eso, y dentro del marco de lo establecido en dichas Directivas, y conscientes de que el plazo para incorporarlas al ordenamiento español está fijado en julio del 2003, para la primera, y diciembre del mismo año, para la segunda, consideramos necesario que se abra un cauce de interlocución entre los Ministerios implicados y las organizaciones sindicales, a fin de abordar la transposición de las Directivas arriba mencionadas, así­ como encontrar el instrumento o el mecanismo de participación en ese proceso, tal como está estipulado.