Lamentablemente, la publicación de los datos oficiales de siniestralidad laboral correspondientes a los siete primeros meses del año han venido a confirmar lo que nos estábamos temiendo. Han muerto 939 personas, 81 más que en el mismo periodo del año anterior: 687 en el puesto de trabajo y 252 "in itinere".

El análisis de los datos que se encargan de difundir los medios oficiales nos informa de que el número total de accidentes ocurridos en el puesto de trabajo desde enero hasta julio (561.173) ha experimentado un descenso del 3,12% respecto al año anterior pero lo que se nos intenta ocultar es que este descenso viene dado por la disminución del número de accidentes leves y enmascara un dato trágico: el número de accidentes mortales dentro de la jornada (687) ha aumentado casi un 11%, y los accidentes graves (7.125) un 1.6%, con respecto al mismo perí­odo del año anterior.

Lo mismo sucede con los datos por sectores de actividad; concretamente, en el sector de la construcción han aumentado un 11,5% los mortales y un 7,5% los graves, y en el sector servicios un 25,3% los mortales. Y sólo estamos hablando de muertes oficiales, no de personas sin contrato legal o de accidentes laborales que se camuflan como no laborales o enfermedad común.

Es cierto que el número total de accidentes ha disminuido en todos los sectores pero no es menos cierto que esta disminución se debe exclusivamente al descenso de los calificados como leves.

En cuanto a los accidentes "in itinere", han muerto un 6% más de trabajadores (252) y las enfermedades profesionales (14.784) han experimentado un aumento del 10%.

En resumen, que con los datos oficiales en la mano nos seguimos situando en cabeza en el ranking europeo de la muerte: cinco personas mueran cada dí­a por causas relacionadas con el trabajo.

Ante estos datos escalofriantes, el gobierno responde con una actitud de absoluta desidia hacia la actuación de más del noventa por ciento de las empresas que incumplen sistemáticamente la Ley de Prevención de Riesgos y sigue imponiendo medidas que contribuyen a hacer más precario el mercado de trabajo, atentando contra la salud y la vida de las personas.

Los trabajadores y trabajadoras se ven obligados a aceptar puestos de trabajo en las condiciones que se les imponga; la temporalidad y subcontratación es la norma y sirven a la patronal para eludir responsabilidades de formación e información en materia de salud y seguridad laboral.

Delia Alvarez
Secretarí­a Salud Laboral