La ONCE es legalmente una institución social, sin ánimo de lucro y fuerte carácter público desde su fundación. Que da empleo directo a 25.500 trabajadores e indirecto a muchos miles más, además de tener delegada la atención especializada a las personas con discapacidad visual severa. Por lo que el deterioro económico y social, denunciado por CCOO y otras organizaciones sindicales y políticas internas, puede crear un problema social a corto plazo, recayendo en el erario público, obligando a la Administración autonómica a asumir la atención de las personas ciegas y deficientes visuales y al Estado a tener que asumir el pago de pensiones o habilitar prestaciones que hasta ahora se asumen por la ONCE, cumpliendo además la función institucional de integración laboral y de generación de empleo.

CCOO, junto a otros sindicatos y organizaciones internas de la ONCE, denuncia que en la ONCE se está perdiendo empleo a marchas forzadas; se está precarizando el existente; se ha truncado la integración laboral de las personas ciegas mediante el acceso a la venta de sus productos; se ha iniciado la venta de estos productos por canales ajenos a las personas con discapacidad (gasolineras, estancos y quioscos de prensa); se está trasladando la atención de las personas ciegas hacia las Administraciones; se ha cerrado uno de cada tres centros ONCE; se está trasladando a suelo público edificios destinados a su función institucional para vender los propios; se realiza una gestión comercial errática y desprofesionalizada que multiplica la pérdida de ventas y, por el contrario, se mantienen sueldos directivos opacos y más equiparables a las corporaciones privadas que a las Administraciones Públicas.