Chile, Sudáfrica e India han sido los países encargados de elaborar el informe final del Examen periódico universal a España. El análisis de la situación de los derechos humanos en el país se celebró el pasado 5 de mayo en el Consejo de derechos humanos de las Naciones Unidas, en Ginebra. Esta mañana tuvo lugar la segunda y última sesión dedicada a la presentación del documento final.

En éste se recogen las 137 recomendaciones que las delegaciones de los 47 países miembros del Consejo han realizado para que mejore la protección de los derechos humanos en el país. La delegación del gobierno español rechazó 18 de estas propuestas, la mayoría referidas a la política antiterrorista y a la prevención de la tortura.

Costa Rica, Austria y la República Checa reclamaron a España que revise el régimen de incomunicación, que actualmente se aplica a los detenidos por delitos de terrorismo o banda armada. Este régimen permite tener a una persona detenida hasta 13 días sin acceso a un abogado y a un médico forense de su elección. Una medida que no cumple con los estándares internacionales de protección de las personas privadas de libertad. De hecho, la ONU ha solicitado a España en numerosas ocasiones la abolición del régimen de incomunicación, a través del Comité de derechos humanos, el Comité contra la tortura y el relator especial contra la tortura. Ninguna de las recomendaciones referidas a la abolición de la incomunicación fue aceptada por España, aunque sí se comprometió a revisar la legislación que permite su aplicación a menores de edad.

España se comprometió a trabajar para cumplir la mayoría de las recomendaciones, un total de 85, y a estudiar otras 34 antes de la adopción final del informe en la próxima sesión del Consejo de derechos humanos en septiembre de este año. Entre este último paquete de recomendaciones que España se ha comprometido a estudiar se encuentra la posibilidad de ratificar la Convención para la protección de los derechos de los trabajadores migrantes y sus familias. Entre las propuestas aceptadas por España está el compromiso de cooperar con la sociedad civil en el seguimiento del cumplimiento de estas recomendaciones.