En cuanto a las etapas educativas, las medidas propuestas para la Educación Infantil, aún considerándolas globalmente positivas, el STEC-IC exige la creación de una red pública y gratuita, con un carácter inequívocamente educativo; en la Educación Primaria, se necesita un incremento de profesorado de Educación Especial y de apoyo, así como reforzar la acción tutorial, la disminución de las ratios y la dotación de personal de Administración y Servicios para eliminar tareas burocráticas que realizan los equipos directivos en perjuicio de la coordinación pedagógica. Para la Educación Secundaria, la mayor parte de las propuestas se quedan en fomentar y promover. Por el contrario, desde el STEC-IC y la Confederación de STES-i se propuso, para aumentar la calidad y atender mejor la diversidad del alumnado, la reducción de las ratios y una mejora de la Orientación y la Tutoría como pilares básicos, aumentando las plazas y el profesorado adscrito a dicha especialidad.

Para el STEC-IC, en todas las etapas educativas obligatorias se debería trabajar por un currículum más atractivo para el aprendizaje de todos y todas, donde lo teórico o aplicado no se diferencie de lo básico o académico. Cualquier política educativa debe plantearse qué y cómo se enseña, especialmente cuando el sistema niega el éxito a un porcentaje tan alto de alumnado.

Para la Formación Profesional, propusimos un paquete de medidas que no han sido recogidas: desde la potenciación de una red pública de centros que garantice la escolarización de todo el alumnado, independientemente de sus circunstancias geográficas y sociales, pasando por la generalización de las enseñanzas en régimen nocturno, para que sea la FP de los centros públicos quien reciba los fondos públicos y que se amplíe su oferta de las familias profesionales, en función de su rentabilidad social y no sólo de la rentabilidad inmediata de las empresas.

La política educativa que se viene aplicando por determinados gobiernos autonómicos, especialmente el canario, desde hace años ha producido un gran deterioro de la Escuela Pública. Con este pacto, que tiene la voluntad de incluir tanto a los partidos políticos de esos gobiernos como a sus correspondientes Administraciones Autonómicas, esto no se va a corregir, porque las consecuencias del abandono de lo público en beneficio de la privatización no son abordadas en el pacto. Antes al contrario, el pacto no se atreve a hablar de la escuela pública sin hacerlo, al mismo tiempo, y en pie de igualdad, de la privada concertada. Sin embargo, es la Escuela Pública la que garantiza, para el conjunto de la población, el respeto de todas las ideas, la convivencia basada en la pluralidad y la tolerancia, la participación de la comunidad educativa en el control y la gestión de los centros, la libertad de cátedra del profesorado, la diversidad lingüística y cultural del Estado. La Escuela Pública asume plenamente la diversidad del alumnado. De su impulso depende que siga siendo así.

Las medidas dedicadas al profesorado son, para nuestra organización, decepcionantes, insuficientes y señalan un futuro peligroso para las condiciones laborales de los docentes. Tras indicar la necesidad de una formación de calidad, tanto inicial como permanente, nada se concreta, todo queda en un conjunto de ambigüedades y deseos de futuro que nada tienen que ver con la realidad de las plantillas actuales de profesorado. Del mismo modo se aborda el sistema de retribuciones o la posibilidad de prorrogar el actual sistema de jubilaciones anticipadas, que se deja en suspenso hasta la negociación de un futuro Estatuto Docente. El sistema de formación y acceso a la docencia deben ir ligados a la práctica profesional y, por tanto, reconocerla en el acceso diferenciado del personal interino debería ser una medida concreta y urgente. El profesorado necesita una distribución horaria que recoja todas las tareas y funciones que demanda el sistema educativo.

Nos tememos que, cuando se abra la negociación del Estatuto Docente y la correspondiente carrera profesional, nos enfrentemos de nuevo al enésimo intento de jerarquizar los claustros, de dividir sin justificación alguna al profesorado en escalas salariales que acentuarán el individualismo, con lo cual, más que propiciar, se obstaculizará la creación de una conciencia colectiva tras un proyecto educativo compartido. La sociedad tiene derecho a ser exigente con sus docentes y una de estas exigencias debe ser su compromiso, su participación. Menos compromiso a cambio de menos salario no es una opción.

Con este Pacto, además, se continua arrumbando la democracia escolar (ni una sola vez aparece este término en el mismo) y trasladando a los centros educativos públicos un modelo de dirección propio de la empresa privada.

Las medidas relativas a la Universidad no son sino una desiderata del modelo que desea quien asume como buena una lógica política y económica del conocimiento y la cultura que no es propiamente con la que queda identificada el STEC-IC y la Confederación de STEs-i.

La financiación que se propone para el Pacto es claramente insuficiente y difícilmente llegará para cubrir una parte de las medidas que se proponen, aún contando con la cofinanciación que dependerá de la voluntad de cada Comunidad Autónoma para firmar convenios con el Ministerio (cuestión harto compleja en el ámbito canario). El STEC-IC quiere denunciar que una buena parte de los 1.570 millones de euros comprometidos por el Ministerio se destinará a las empresas privadas de los centros concertados para cumplir con los compromisos adquiridos en este Pacto. Nuestra exigencia, apoyando los acuerdos del Consejo Escolar del Estado, es que el Pacto debería contemplar un escenario presupuestario progresivo que permitiera alcanzar, en un plazo de tiempo razonable, el 7% del PIB dedicado a educación.

Por todo lo expuesto, el STEC-IC organización sindical mayoritaria en Canarias y la organización STEs-Intersindical a nivel estatal, no rubricarán el Pacto social y político que nos propone el Ministerio de Educación. Con Pacto o sin él, desde el STEC-IC y desde la Confederación seguiremos trabajando por la consecución de las mejores condiciones de trabajo para el profesorado, al tiempo que seguirá proponiendo y apoyando cuantas medidas redunden en beneficio de la Escuela Pública laica, gratuita, democrática y de calidad que la sociedad necesita.