A la sociedad en general

A la opinión pública

A la comunidad internacional

El día 27 de Abril de 2010, fue emboscada la Caravana “Por la Paz y Solidaridad de la Región Triqui” que se dirigía al Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca, cuyo objetivo era entregar la ayuda humanitaria y constatar la situación que guardan los derechos humanos, debido al cerco impuesto por la organización -de filiación priista- UBISORT, que vulnera los derechos elementales de cualquier ser humano para poder vivir.

El saldo inicial de lo sucedido son los ejecutados -de manera extrajudicial- de la Defensora de Derechos Humanos, Beatriz Alberta Cariño Trujillo, directora de Centro de Apoyo Comunitario Trabajando Unidos (CACTUS,AC), así como de Jyri Jaakkola, observador internacional de nacionalidad finlandesa, además de los heridos de bala: Mónica Citlali Santiago Ortiz, Noé Bautista Jiménez y el periodista David Cilia. De lo ocurrido, han dado cuenta diversos medios de comunicación, aunque faltan muchas investigaciones por realizar.

La Caravana estaba integrada por representantes de organismos de derechos humanos, observadores internacionales e integrantes de organizaciones sociales, en una misión absolutamente pacífica, sin embargo, los saldos refrendan el grave riesgo al que están expuestas aquellas personas que promueven el respeto y defensa de los derechos humanos.

Es necesario aclarar que el problema no es producto de un enfrentamiento entre dos pueblos, sino de un conflicto histórico en la región y en el que sin duda, existe una responsabilidad directa del Estado y su aparato gubernamental, en la medida en que no solo ha omitido instrumentar políticas para superar el grave rezago social y de violencia de género, sino que ha soslayado las acciones de cacicazgo y control, en donde lo ocurrido, es un reflejo de la absoluta impunidad con la que este grupo actúa, incluso portando armas de alto poder y de uso exclusivo del ejército.

El gobierno del Estado de Oaxaca evidentemente no ha tomado cartas en el asunto ante los asesinatos de 19 personas, efectuado por la banda paramilitar de UBISORT desde el pasado mes de diciembre, sabiendo que dicho grupo porta armas de alto poder y un equipo moderno de comunicación, además de que la población del Municipio de San Juan Copala -desde el mes de enero- ha sido sometida por esta banda provocando la no realización de clases, la falta de luz eléctrica, de agua potable, de servicios médicos, de abasto, entre otras consecuencias, debido al retén ubicado en ese lugar, además del hostigamiento sexual, físico y psicológico al que han sido sometidas las mujeres triquis, que intentan salir de su comunidad para abastecerse.

La irresponsabilidad gubernamental es evidente, cuando aduce -con cinismo- su desconocimiento de la Caravana Humanitaria, a pesar de que se anunció públicamente, y no se le brindaron las mínimas garantías, pero sobre todo por la lentitud y negligencia con la que actuó, cuando fue informado inmediatamente del ataque.

Nadie puede quedarse inerme frente a esta grave violación a los derechos humanos, es necesario levantar nuestra voz para que estos agravios y abusos de “poder”, no se vuelvan a dar más.

Por ello, los abajo firmantes, condenamos los hechos violentos ocurridos, denunciamos la incapacidad del gobierno Mexicano y de Ulises Ruiz Ortiz en particular, para resolver de fondo los problemas que aquejan a la Región Triqui. Por tanto:

- Exigimos que la PGR atraiga este nuevo hecho de violencia para que se realice una investigación expedita e imparcial de fondo, que esclarezca y sancione conforme a derecho, la responsabilidad directa e intelectual de los responsables de esta situación. Es decir, que no queden impunes tanto las ejecuciones extrajudiciales de la Defensora de Derechos Humanos Beatriz Alberta Cariño Trujillo y del defensor Jyri Jaakkola, así como de las victimas de lesiones por disparo de arma de fuego.

- Exigimos al gobierno Mexicano que descarte la “opción” de militarización, como una forma de solución a la grave crisis que vive la Región Triqui. Proponemos que se lleven a cabo las medidas necesarias que ayuden a la distensión en la zona y se abran los canales adecuados para que las diversas partes entren en un proceso de diálogo; esperamos que organismos internacionales y nacionales como el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Amnistía Internacional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, entre otras, coadyuven en este proceso.

- Exigimos que el gobierno Mexicano garantice la seguridad física y emocional del defensor de Derechos Humanos Omar Esparza, de sus hijos y de todo el personal de la Organización CACTUS A. C., a través de la adopción de medidas cautelares en su favor.

- Demandamos que inmediatamente se instrumente un operativo que garantice el acceso de la población a servicios tan básicos como el abastecimiento de alimentos, el acceso a servicios de agua, luz, educación, servicios médicos, el libre tránsito y el restablecimiento de la vida comunitaria, garantizado su entrega con la presencia de organismos internacionales y de derechos humanos.

- Rechazamos cualquier politización, con fines electorales, de tan lamentables sucesos, como lo está pretendiendo Ulises Ruiz Ortiz y sus colaboradores, porque lo que importa es una estricta aplicación de la justicia, para la población triqui, para las personas asesinadas, las heridas de bala e incluso, quienes -aun ilesos e ilesas- les fueron violadas las mínimas garantías en el ejercicio de sus derechos humanos.

- Exigimos al gobierno federal de Felipe Calderón que ordene una investigación a fondo de la situación que se vive en la región y no permita que diversas instancias gubernamentales estatales, apliquen la justicia con intereses particulares, que están en contra de los intereses y derechos de la mayoría de la población como está asentado en la legislación estatal y federal.
Llamamos a la sociedad en general para que de igual manera se pronuncie ante la barbarie cometida y sobretodo exija a las autoridades solucionen la problemática histórica que vive la Región Triqui.

ESPACIO DE ORGANIZACIONES CIVILES DE OAXACA: Calpulli AC. Centro de Apoyo al Movimiento Popular Oaxaqueño, CAMPO AC, “Ojo de Agua“, Comunicación, AC Diversidades A.C., Comité de Liberación 25 de Noviembre AC, Centro de Derechos Humanos Flor y Canto. AC, Consorcio para el Dialogo Parlamentario y la Equidad Oaxaca A.C., CONSORCIO A.C, Espiral por la Vida A.C. Colectivo Huaxyacac, Grupo de Estudios sobre la Mujer “Rosario Castellanos” AC, Grupo Mesófilo AC , Iniciativas para el Desarrollo de la de la Mujer Oaxaqueña (IDEMO) AC , Investigación y Divulgación Científica para el Desarrollo Regional A.C., LA VENTANA, PRODER, Tequio Jurídico A.C, Instituto de la Naturaleza y la Sociedad de Oaxaca INSO, Servicios del Pueblo Mixe SER MIXE, Servicios para una Educación Alternativa EDUCA, Unión de Organizaciones de la Sierra Juárez de Oaxaca UNOSJO S.C, Enlace Comunicación y Capacitación (Enlace) Tlaxiaco, Unión de Comunidades Indígenas de la Zona Norte del Istmo (UCIZONI), Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos filial Oaxaca, Colectivo Huaxyacac, Colectivo Mujer Nueva, Centro para los Derechos de la Mujer Nääxwiin, Diversidades A.C, Fundación Comunalidad, Red de Cafeticultores “5 de Diciembre” AC, Ixquixochitl Árbol de Muchas Flores AC, Tianguis Indígena Multicultural, A.C., NDACUKO AC, PROCAO AC.
Oaxaca de Juárez, Oax, 2 de Mayo de 2010