En concreto, los sindicatos reclaman al Gobierno regional y a la Patronal, cada una en su ámbito de responsabilidad, que garanticen la estabilidad en el empleo, la profesionalización del sector, la mejora de las condiciones de trabajo, un convenio digno por el que regular el sector y una atención de calidad para los casi 60.000 usuarios del servicio en la región.

La negociación del convenio, que comenzó el pasado día 24 de febrero y que se tornaba difícil, con salarios por debajo de IPC real y reducción de las plantillas, ha quedado de nuevo paralizada ante la sesgada interpretación de la Ley de Dependencia por parte Comunidad de Madrid, que aboga por utilizar la prestación económica directa, a través del cheque servicio al usuario, como norma casi habitual, desvirtuando las excepciones contempladas en la Ley para casos especiales que imposibiliten la prestación del servicio por medio de personal preparado y controlado por entidades acreditadas.

Esta situación introduce variables en el sector de la ayuda domiciliaria como la economía sumergida, la falta en la calidad del servicio, la merma en la condiciones de seguridad y salud tanto para los usuarios como para las trabajadoras por la evidente falta de control, así como una atomización y debilitamiento de la fuerza de los trabajadores a la hora de abordar la negociación colectiva, que se traducirá en peores condiciones laborales.