UGT denuncia la nefasta gestión llevada a cabo durante la intervención de la Dirección General de Seguros, perteneciente al Ministerio de hacienda; la pasividad de la Asociación Ferroviaria, propietaria del edificio, y la actuación empresarial de Centro Traumatológico Madrileño, propietaria del accionariado de la empresa. La Clínica actualmente, además de una suspensión en el pago a sus trabajadores, baraja un posible cierre de la misma.