Aunque hasta el momento el Ayuntamiento de Madrid no se ha dignado a contestar las alegaciones vecinales, el Plan Parcial de la cárcel de Carabanchel ha quedado aprobado dando forma al protocolo de intenciones que firmaron el 16 de junio de 2008 el Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, y el alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón.

La aprobación inicial del Plan Parcial se produjo en mayo de 2009 y en el mes que duró el periodo de información pública los vecinos presentaron más de 2.300 alegaciones que solicitaban que no se especulara con los terrenos, que se eliminaran las dependencias del Ministerio del Interior y las viviendas previstas para que todos los terrenos se dedicaran a equipamientos sociales (centro universitario, residencia para mayores, escuela infantil, centro cultural), que se aumentara la superficie destinada a la construcción del hospital (ya que los metros cedidos no permitirán que el nuevo centro tenga capacidad para atender a los vecinos de Latina y Carabanchel) y que se levantara un Centro para la Paz y la Memoria en el actual centro de internamiento de extranjeros de Aluche.

Sin embargo, lo aprobado ignora estas peticiones y según el plan en los 172.143 metros cuadrados de la parcela se construirán 650 viviendas (de las que sólo un 30% contarán con algún tipo de protección), 39.000 metros cuadrados se destinarán al hospital y 18.925 metros cuadrados para mantener el Centro de Internamiento de Extranjeros, la Comisaría, la Brigada de Extranjería e instalar otras dotaciones del Ministerio del Interior. Para equipamientos de barrio, únicamente se ha reservado una parcela de 2.000 metros cuadrados que, como mucho, podrá acoger una escuela infantil.

En el Plan no se contempla el demandado, y prometido en campaña electoral por el actual Ministro de Industria Miguel Sebastián, Centro para la Paz y la Memoria, y únicamente se prevé levantar un monumento en recuerdo a los represaliados en Carabanchel y una dependencia para el “estudio de la memoria democrática penitenciaria” en el interior de la escuela de penitenciaria que Interior pretende levantar también en los terrenos.

El siguiente paso será el proyecto de parcelación y la cesión a la Comunidad de Madrid de la parcela destinada para el hospital. Según ha informado la Concejala de Urbanismo, Pilar Martínez, el motivo por el cual todavía no se ha procedido a la cesión a la Comunidad son “problemas jurídicos” en la transmisión del suelo desde Patrimonio del Estado a la Sociedad Estatal de Infraestructuras y Equipamientos Penitenciarios.

En este sentido, los vecinos rechazamos la construcción de un hospital privatizado y por ello se ha lanzado una campaña de movilizaciones que incluirán una manifestación que se celebrará el próximo 13 de mayo. Además, mientras exista la más mínima posibilidad, continuaremos peleando para evitar que se especule con los terrenos y que su totalidad se destinen a la construcción de los equipamientos que los vecinos necesitamos.