Este martes 27 de abril de 2010 inició con la trágica noticia del asesinato de nuestra compañera de luchas Bety Cariño, integrante del Equipo Nacional de Coordinación de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA) y Directora del Colectivo CACTUS, mientras participaba con decenas de otros líderes y liderezas comunitarias en la Caravana de Apoyo y Solidaridad con el Municipio Autónomo de San Juan Copala, Oaxaca. Fue asesinado también el observador internacional, de nacionalidad finlandesa, Tyri Antero Jaakola. Grupos paramilitares, emboscando la caravana, abrieron fuego directo sobre la misma, asesinando e hiriendo al pueblo organizado que, una vez más, se movilizó para exigir dignidad, libertad, respeto a la vida y a las comunidades indígenas, de parte de gobiernos y terratenientes cada vez más podridos y criminales.

Hoy fue Bety, compañera de extraordinarias capacidades políticas, de una ética del compromiso que a todos nos enseñó la coherencia entre la palabra y la acción, madre, amiga, una verdadera luchadora del pueblo que con su entrega a las causas del pueblo será siempre un ejemplo vivo de militancia y dignidad. Pero no podemos dejar de decir que, en México, asistimos a una verdadera guerra contra los movimientos populares. Son ya comunes, lamentablemente, las noticias que dan cuenta del deterioro de los derechos humanos y políticos en un México tomado por los carteles y los megaintereses de terratenientes, compañías transnacionales, políticos de todo cuño y denominación.

La tortura, el asesinato, los desaparecidos, las amenazas, la persecución, se han vuelto pan de todos los días en un México cuyo pueblo no para de movilizarse y de gritar al mundo en contra de los abusos de poder, de la violencia, del saqueo de las riquezas del país, de la ruina de miles de productores del campo y de miles de trabajadores/as de la ciudad, un país que tiene la población migrante más grande del mundo como testimonio del fracaso del neoliberalismo salvaje que reina en el país desde inicios de los 80 y que, a la postre, ha conducido a la nación a la actual situación de violencia y criminalización de los movimientos sociales. El caso de Oaxaca es solo uno de los más conocidos internacionalmente por las movilizaciones de los últimos años, en las que Bety desempeñó un papel fundamental, pero esta siniestra realidad se vive en todos los rincones del país. México está en guerra, no contra el narcotráfico ni contra la corrupción de los políticos ni contra el pillaje orgiástico de las transnacionales y los grupos de poder: está en guerra contra el pueblo pobre, contra el pueblo organizado que lucha desde todos los rincones de esa tierra que fue cuna de la primera gran revolución campesina del mundo hace exactamente un siglo y que, desde entonces, no ha parado de luchar por su emancipación.

Repudiamos estos asesinatos que nos hieren profundamente y exigimos de las autoridades gubernamentales de México que aún tengan dignidad y respeto por los derechos humanos, dar curso a las investigaciones que determinen la autoría de estos crímenes y los castiguen conforme a la ley. Los grupos paramilitares actúan siempre como testaferros de los intereses de terratenientes, corporaciones o grupos de poder, por eso también exigimos que se investigue quién está detrás de esta nueva atrocidad. Responsabilizamos de estos hechos criminales a la organización paramilitar denominada UBISORT (Unión de Bienestar Social de la Región Triqui) y el MULT (Movimiento de Unificación y Lucha Triqui). Al igual que a Evencio Nicolás Martínez Procurador General de Justicia, Jorge Franco Vargas Secretario de Gobierno del Estado, Carlos Martínez candidato para la diputación local por el PRI y al Gobernador del Estado Ulises Ruiz así como al mismo presidente de la República, Felipe Calderón.

Y al gobierno espurio de éste último no podemos hacer otra cosa que recordarle lo obvio: su naturaleza criminal y fascista, que no será nunca olvidada y se desnuda con cada uno de los actos que ensangrentan más el camino de las luchas populares, haciendo crecer la rebeldía por doquier.

A nuestros amigos, amigas, hermanos de CACTUS, AMAP, APPO, de todas las redes, organizaciones, ONG’s y colectivos en México, enviamos nuestro abrazo solidario en estos momentos duros, así como a los familiares de Bety. Su lucha y su sacrificio no serán en vano, acompañarán por el contrario la memoria y las acciones de resistencia que seguirán floreciendo por todo el territorio mexicano y latinoamericano.

Junto con muchas otras redes y movimientos sociales de México y América Latina, exigimos al gobierno de Ulises Ruiz, el cese a los ataques por parte de paramilitares en la región triqui. Así como el cese al financiamiento, armamento e impunidad de la que gozan estos grupos paramilitares en el Estado de Oaxaca. También exigimos la presentación inmediata de los compañeros Noe Bautista Jiménez, David Venegas Reyes y Daniel Arellano Chávez, integrantes de VOCAL (Voces Oaxaqueñas Construyendo Autonomía y Libertad), desaparecidos desde el día de los hechos aquí denunciados. Y el alto inmediato a la represión que sufre el municipio autónomo de San Juan de Copala.

Secretaría Grito de los Excluidos/as Continental

São Paulo, Brasil, 29 de abril de 2010