15 de junio de 2001
En nuestro paí­s el fenómeno de la erosión (pérdida de suelo) reviste gran importancia estimándose que el 18% del territorio (9,16 millones de hectáreas) está sometido a erosión muy severa, con arrastres superiores a 50 toneladas por hectárea y año, encontrando que el 42% del territorio nacional (21 millones de hectáreas) muestra una intensidad del proceso de erosión superior a los lí­mites tolerables. Si se tiene en cuenta que la tasa de formación de suelo varí­a entre 2 y 12 toneladas por hectárea y año, se entiende la magnitud del problema. Las zonas más afectadas se localizan en el Valle del Ebro y la mitad sureste, principalmente Andalucí­a, Región Murciana, Comunidad Valenciana, Castilla-La Mancha, Madrid y Extremadura.

Los usos del suelo que más contribuyen a los procesos de desertificación son los cultivos leñosos y herbáceos de secano (olivos, frutales, vid, rotaciones cereal/girasol o cereal/barbecho), por su elevado potencial erosivo debido a un exceso de laboreo, y los sistemas de regadí­o, por el agotamiento de los acuí­feros, contaminación de aguas y suelos por exceso de productos fitosanitarios y abonos quí­micos y la salinización. Además, la necesidad de arena por parte de la agricultura de invernadero (1 hectómetro cúbico por año en la provincia de Almerí­a), supone el desarrollo de una minerí­a a cielo abierto con gran deterioro ambiental. Estas formas de uso de suelo, a pesar de resultar insostenibles a medio plazo, se han extendido mucho, en los últimos años, impulsados por factores de mercado y la aplicación de la Polí­tica Agraria Comunitaria (PAC).

Otros factores que influyen sobre los procesos de desertificación son las grandes pérdidas de cubierta vegetal a causa de repetidos incendios forestales y la concentración de actividad económica en las zonas costeras como resultado del crecimiento urbano, las actividades industriales, el turismo y la agricultura de regadí­o.

Para Ecologistas en Acción la desertificación es un sí­ntoma de la ruptura del equilibrio entre el sistema de recursos naturales y el sistema socio-económico que los explota. Ante este hecho el Gobierno español se limita a potenciar polí­ticas sectoriales como la hidrológica (PHN), la energética, y la agrí­cola absolutamente contrapuestas a los modelos necesarios de actuación para frenar el problema ambiental más preocupante de nuestro paí­s.