Por su parte, CCOO ha reclamado al Consejero de Presidencia, Justicia e Interior su intervención expresa para que, haciendo ejercicio de responsabilidad, deje a un lado la batalla política y dé instrucciones para que se cumpla dicha sentencia. De esta forma, se evitaría la avalancha de reclamaciones que, exigiendo un derecho ya reconocido por el Tribunal Supremo, van a ser con toda seguridad favorables a los demandantes y solamente van a servir para ralentizar las resoluciones de conflictos, en algunos casos quizá más importantes, ya planteados ante los tribunales.

De la misma manera, el sindicato se ha dirigido al Decano de los Juzgados de Madrid para dejar denunciar la contradicción en la que incurre el Gobierno regional, al invertir en la apertura de los juzgados para el trámite de despidos en turno de tarde y el colapso que la Administración genera en el turno de mañana.

CCOO valora que la actuación del Gobierno de la Comunidad podría traducirse en unos posibles delitos de desacato y obstrucción a la justicia, al tratarse de una negativa a cumplir una sentencia firme del Tribunal Supremo por la única razón de negarse a reconocer el derecho que asiste a las empleadas y empleados públicos de la Administración regional que ellos mismos gestionan.