"Dos terceras partes de las ejecuciones conocidas de delincuentes menores de edad en la pasada década se llevaron a cabo en Estados Unidos", dice la organización. "Es evidente que Estados Unidos es el principal perpetrador mundial de esta violación de los derechos humanos, condenada universalmente."

En el reciente discurso sobre Iraq pronunciado ante la Asamblea General de las Naciones Unidas, George Bush habló de "tratados vulnerados", de resoluciones de la ONU "subvertidas unilateralmente" y del deseo de Estados Unidos de que la ONU fuera "efectiva, y respetada, y exitosa". "La ejecución de delincuentes menores de edad vulnera igualmente tratados y resoluciones, y socava el respeto por las Naciones Unidas y el derecho internacional", dice Amnistí­a Internacional.

Uno de los dos informes de Amnistí­a Internacional se ocupa de Estados Unidos, y fue elaborado a raí­z de un reciente fallo de la Corte Suprema del paí­s, según el cual la ejecución de personas que sufren retraso mental viola la prohibición constitucional de aplicar castigos "crueles e inusuales". En el caso Atkins v Virginia, la Corte resolvió que "las normas de decencia" de Estados Unidos habí­an evolucionado hasta el punto de existir un "consenso nacional" contra tales ejecuciones.

"Si el razonamiento de la Corte Suprema en el caso Atkins se aplica a la ejecución de delincuentes menores de edad, se llega a la conclusión de que tal aplicación de la pena de muerte es, además, inconstitucional", continúa Amnistí­a Internacional. En su informe, la organización señala que, en ciertos aspectos, el "consenso" de opinión que se opone a la ejecución judicial de delincuentes menores es, si cabe, aún mayor que el que existe contra la ejecución de los discapacitados mentales. "La Corte Suprema se refiere a la legislación de los estados como el primer indicador de consenso", señala Amnistí­a Internacional. "Y, con la excepción de una minúscula fracción de los últimos 25 años, el número de estados que prohí­ben la ejecución de delincuentes menores de edad ha sido mayor que en el caso de personas con retraso mental." El informe de la organización señala que la histeria pública de la década de 1990 respecto a la delincuencia juvenil puede explicar la relativa ralentización de los avances legislativos relacionados con la pena de muerte para menores.

Más aún, los estados del paí­s han ejecutado a un número dos veces mayor de discapacitados mentales que de delincuentes juveniles", continúa explicando Amnistí­a Internacional, "y si hoy hay unos 80 delincuentes juveniles condenados a la pena de muerte, la cifra de los retrasados mentales en el momento del fallo judicial sobre el caso Atkins se estimaba entre 200 y 300 personas.

"Esto parece indicar que la pena de muerte contra los delincuentes juveniles ha sido la más "inusual" de las dos prácticas", dice Amnistí­a Internacional. "Y es igualmente cruel."

"En el caso Atkins, la Corte Suprema resolvió que las caracterí­sticas de las personas con retraso mental hací­an inalcanzables las metas de disuasión y de castigo", continúa Amnistí­a Internacional. "Las caracterí­sticas de los niños, como son la impulsividad, la falta de juicio y la susceptibilidad a la presión de sus padres o a la influencia de los adultos, debe por tanto conducir a la misma conclusión. De hecho, las investigaciones cientí­ficas indican que el desarrollo del cerebro humano prosigue pasado el segundo decenio de la vida."

La falta de madurez de los adolescentes está plenamente reconocida en las leyes estadounidenses. Los menores de 18 años no pueden servir como jurados, pero pueden ser condenados por aquéllos a los que se considera suficientemente responsables como para desempeñar ese deber. En Luisiana se prohí­be a los menores de 18 años presenciar una ejecución, pero siete de las personas que aguardan la muerte allí­ en estos momentos tení­an entre 16 y 17 años cuando cometieron los delitos que causaron su condena.

En su dictamen en el caso Atkins, la Corte Suprema reconoció que "en la comunidad mundial" la ejecución de los retrasados mentales "se desaprobaba de forma abrumadora". La desaprobación es aún más clara en el caso de los delincuentes juveniles. Tales ejecuciones están prohibidas por varios ratados y han sido objeto de numerosas resoluciones de la Comisión de Derechos Humanos de la ONU.

Desde enero de 1993, Amnistí­a Internacional ha documentado 24 ejecuciones de delincuentes juveniles en el mundo: una en la República Democrática del Congo, una en Nigeria, una en Yemen, dos en Pakistán, tres en Irán, y 16 en Estados Unidos. Posteriormente, Pakistán y Yemen han promulgado leyes para abolir este uso de la pena de muerte, como también hizo China, el paí­s que más ejecuta, en 1997.

Estados Unidos se reservó el derecho de ejecutar a los delincuentes juveniles cuando ratificó el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Polí­ticos, pese a que el tratado contiene una prohibición no derogable de tales ejecuciones. El pertinente órgano de expertos de la ONU ha determinado que la "reserva" formulada por Estados Unidos es inválida, pero Estados Unidos ha hecho caso omiso de tal determinación. Varios órganos de las Naciones Unidas han afirmado también que la prohibición ha pasado a constituir un principio del derecho internacional consuetudinario, que es vinculante para todos los Estados con independencia de los tratados que puedan haber o no haber ratificado.

"Quizás es esta cuestión la que ilustra con mayor crudeza cuán lejos está Estados Unidos de ser esa fuerza progresista para los derechos humanos que tan menudo proclama ser", concluye Amnistí­a Internacional. Desde 1990, 191 paí­ses han ratificado la Convención sobre los Derechos del Niño, uno de los tratados que prohí­ben se aplique la pena de muerte a los delincuentes que eran menores de 18 años al delinquir. Somalia y Estados Unidos son los únicos paí­ses del mundo que aún no han ratificado la Convención.

Consulten los dos nuevos informes de Amnistí­a Internacional: Indecent and internationally illegal, the execution of child offenders in the USA, disponible en inglés en dos versiones, í­ntegra y abreviada, y Children and the death penalty: Executions worldwide since 1990.