desde su equívoco título (“Documento para Aprobación Definitiva”, cuando en realidad se trata de una nueva Aprobación Inicial) el documento sometido a información pública es una suma de despropósitos.

Entre la documentación expuesta no se hallaba el Estudio de Incidencia Ambiental, que forma parte indisoluble del Plan General, y que debía contemplar los cambios sustanciales introducidos en éste; ni se incluía el preceptivo Resumen Ejecutivo, ni era posible consultar el expediente administrativo en el que debían estar los preceptivos informes sectoriales (ambientales y urbanísticos, entre otros). Estas irregularidades se suman a las ya denunciadas en los anteriores periodos de información pública (2004 y 2006): ausencia de documentación, folletos engañosos, horarios insuficientes, Semana Santa que reduce los días reales de información pública, etc. También hay que recordar la “llegada” de informes preceptivos al Ayuntamiento en el mismo momento en que se estaba votando en Pleno el PGOU (2008).

Las principales cuestiones señaladas por los Informes Previo, Definitivo y Posterior al Definitivo de Análisis Ambiental, emitidos por la Dirección General de Evaluación Ambiental de la Comunidad de Madrid, siguen sin resolverse. En ellos se manifestaban objeciones severas tanto a la ocupación “a saturación” del territorio como al inexistente análisis de alternativas. También se señalaba la improcedencia de la ubicación de la nueva depuradora en pleno Parque Regional del Guadarrama, la necesidad de proteger los hábitats naturales considerados prioritarios a nivel europeo (y que el PGOU pretende clasificar como urbanizables) o la conservación de las masas de encinar (el PGOU prevé la ampliación del Parque Empresarial destruyendo el que es probablemente el encinar más valioso del municipio). Estas cuestiones no han sido resueltas a lo largo de la tramitación del PGOU, cuando el contenido de estos informes es legalmente vinculante.

En cuanto a las irregularidades y deficiencias señaladas por los Informes de la Dirección General de Urbanismo y Estrategia Territorial autonómica (de 10/11/2008 y 03/08/2009), el nuevo documento del PGOU deja sin resolver un buen número de ellas. Especialmente las relacionadas con la recalificación de equipamientos públicos a privados sin justificación. Es el caso de las 12 hectáreas ocupadas ilegalmente por la Real Federación Española de Fútbol, que pasan de equipamiento público a privado, artimaña urbanística con la que el Ayuntamiento de Las Rozas pretende eludir el cumplimiento de dos sentencias firmes del Tribunal Supremo. Algo parecido puede decirse de las recalificaciones de suelo terciario a residencial o de los aumentos vertiginosos e injustificados de la edificabilidad en algunas parcelas de suelo urbano, que no conllevan beneficio alguno para el municipio pero sí un gran lucro privado para los propietarios.

Como hemos venido reiterando desde la publicación del Avance del PGOU en 2004, a juicio de Ecologistas en Acción, el modelo territorial que se propone es claramente irresponsable. Antes de prever la construcción de más de 11.000 nuevas viviendas, el Ayuntamiento debería tener en cuenta las 2.500 aún sin construir y las 6.000 que se encuentran vacías. Además, de aprobarse el PGOU en sus actuales términos, se urbanizaría la totalidad del suelo no protegido por normas supramunicipales. Hay que tener en cuenta, además, los graves déficits de equipamientos e infraestructuras públicas del municipio, que se verían agravados en el futuro.

Por todo ello exigimos al Ayuntamiento de Las Rozas que cumpla de una vez por todas con la legalidad y los informes vinculantes, y apueste por el sentido común, la protección del medio ambiente y la calidad de vida de los ciudadanos de Las Rozas, y no por los intereses de unos pocos propietarios de suelo.