Dicho decreto, que además de por el propio interés económico del Gobierno de Canarias es consecuencia del Estatuto Básico del Empleado Público aprobado en Madrid con el apoyo de algunas organizaciones sindicales de ámbito estatal, supondrá la total anulación de las actuales listas de sustitución en Canarias y el despido y mayor precariedad laboral de 20.000 trabajadores y trabajadoras, más de 4.000 de ellos en educación, algunos de los cuales cuentan con más de 20 años de experiencia docente que no será tenida en cuenta por la Administración.

Las propuestas de Jornadas de Movilizaciones decididas por las asambleas se concretarán en los siguientes actos:

- Convocatoria de acciones en cada centro de trabajo con colocación de pancartas y carteles, reparto de escritos a las familias, reuniones del profesorado,… el lunes 12 de abril.

- Convocatoria de Huelga para todo el profesorado de los centros públicos de Canarias el jueves día 15 de abril.

- Manifestaciones – concentraciones en todas las islas para el día 14 de abril por la tarde y 15 de abril por la mañana.
Convocatoria de jornadas de Huelga para todo el profesorado de los centros públicos de Lanzarote los días 13, 14 y 15 de abril.

- Otras que, de acuerdo con la autonomía y decisión de las asambleas de cada isla, se planteen.

Tanto EA-Canarias como STEC-Intersindical Canaria rechazan cualquier modificación en la normativa que suponga un empeoramiento de las, ya precarias, condiciones de trabajo del Profesorado Interino y Sustituto. Como tampoco aceptarán que se produzca ni un solo despido.

El STEC-Intersindical Canaria y EA-Canarias exigen de la Administración, tal y como se recoge en el preaviso de Huelga, la apertura de negociación con el Comité de Huelga que dichas organizaciones tienen conformado, exigiendo la retirada del Decreto y el mantenimiento de las actuales listas y su procedimiento de configuración.

Ambas organizaciones se comprometen a someter a la voluntad del las asambleas del colectivo afectado cualquier posible acuerdo que se pueda alcanzar con la Administración.

Asimismo consideramos que no se puede llegar a ningún acuerdo con la Administración por parte de ningún sindicato sin el consentimiento expreso del colectivo afectado.