La Confederación Española de Personas con Discapacidad Física y Orgánica (COCEMFE) valora como “esperanzadores” los últimos datos del Observatorio Estatal de la Discapacidad sobre empleo. “Esperamos que estos datos sean el principio de una mejora estable de la situación laboral de nuestro colectivo durante este año”, señala el presidente de la entidad, Mario García.

Según estos datos la contratación de personas con discapacidad ha aumentado un 12, 74% en lo que llevamos de año, en relación al mismo periodo de 2009. Desde el inicio de 2010, se han firmado 8.670 contratos, 980 más que en los primeros meses de 2009 (7.690).

Un tercio de los mismos fueron indefinidos (2.475), mientras que el resto tenía una duración limitada. En cuanto a estos contratos temporales, por obra y servicio o eventuales, aumentaron más de un 60%, lo que indica una tendencia más o menos acentuada a renovar a los trabajadores con discapacidad.

“Estas cifras, enmarcadas dentro de la situación económica que se está viviendo, son sin duda, alentadoras. Indican que se está trabajando en la dirección adecuada para intentar minimizar las consecuencias de una crisis económica que como siempre repercute de mayor manera en aquellos colectivos más desfavorecidos, como es el caso de las personas con discapacidad”, destaca García.

Sin embargo, y aunque estos datos sean positivos el presidente de la entidad quiere recordar “que no se debe bajar la guardia. Siguen siendo necesarias medidas que fomenten la inserción laboral de nuestro colectivo ya que no podemos olvidar que la tasa de empleo de las personas con discapacidad es del 25% frente a la tasa general que alcanza el 60%. Todavía queda mucho por hacer para conseguir una integración laboral plena”, añade.

Según García, es necesario “incrementar los mecanismos de control para velar por el cumplimiento de la reserva de empleo por parte de las empresas y que los Servicios Públicos de Empleo cuenten con las organizaciones del sector de la discapacidad como entidades colaboradoras especializadas para la intermediación laboral de las personas con discapacidad, tal y como está ocurriendo en algunas comunidades autónomas”.