Debido a esta rebaja de la aportación del Estado, las aseguradoras están respondiendo con dos actuaciones: abandonar o reducir paulatinamente la calidad asistencial sanitaria. Estas situaciones provocarían que 2,3 millones de personas (entre titulares y beneficiarios) vieran peligrar su futuro en el sistema de mutualidades, hecho que ocasionaría el posible colapso del sistema así como el deterioro de la calidad del servicio.

Ante esta crisis del mutualismo funcionarial, desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL demandamos al Gobierno Central:

· Ofrecer unos incrementos reales para asumir el gasto sanitario.

· Incrementar las aportaciones del presupuesto público hasta reducir el diferencial actual con la Seguridad Social a porcentajes asumibles por las aseguradoras.

· Garantizar una estabilidad y una proyección temporal por períodos más adecuados a la realidad económica alargando las duraciones de los conciertos.

· Realizar los estudios que permitan implementar medidas que aborden la problemática que supone el envejecimiento de la población asegurada: se incrementan los colectivos de pensionistas frente a la desaparición de la población más joven.

Por su parte, las aseguradoras denuncian la actitud del Gobierno en la gestión de las Mutualidades de funcionarios, alegando la existencia de un agravio comparativo con respecto a la financiación que recibe el Sistema Nacional de Salud para la atención de los enfermos: un diferencial que supera el 40% en perjuicio de las mutualidades (mientras que el coste para el Estado es de 1.400 € por paciente y año, en el mutualismo funcionarial la cifra desciende a 650 €). A pesar de que la aportación por este concepto de los mutualistas es del 30%, año tras año el gasto farmacéutico va en aumento. Estos problemas no son actuales, y ya fueron avanzados en un informe realizado para la Asociación Empresarial del Seguro (UNESPA). Aún asÍ, se continúa a la espera de que el Gobierno Central tome alguna medida al respecto.