Ante las numerosas iniciativas en varias Comunidades Autónomas que persiguen la modificación de la Ley 22/1988 de Costas, las cinco ONG medioambientales en España quieren subrayar la valía de la actual Ley que tiene como fin proteger las playas y acantilados vitales para el bienestar de la ciudadanía española, y, por ende, la europea. De hecho, la masiva urbanización y destrucción que sufre el litoral español, otorgan un gran valor a las zonas que quedan por urbanizar, de ahí que la aplicación de la Ley 22/1988 sea una de las herramientas legales más válidas para la conservación del patrimonio natural.

Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF España subrayan la valía de esta norma ambiental que está amenazada por: la permisividad de la Administración General del Estado, por las diferentes iniciativas autonómicas que pretenden legalizar los desmanes urbanísticos en la costa y por último, amenazada por presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos a corto plazo y en perjuicio del interés general.

Los eurodiputados dedican esta semana dos días en la comisión de Peticiones para escuchar en Bruselas el punto de vista de las autoridades españolas y las denuncias de los afectados por la aplicación de la Ley de Costas. Precisamente el Parlamento europeo ya hizo referencia al problema en el último informe sobre urbanismo español presentado en 2009 por la Eurodiputada alemana de Los Verdes, Magrette Auken, que reclama una moratoria urbanística y la congelación de fondos de cohesión europeos que financian muchos de los proyectos urbanísticos que no cumplen con la normativa estatal y europea. En ningún momento el informe Auken perseguía como objetivo la desprotección del litoral, o la reforma de la ley de costas española.

Varios ciudadanos europeos, que compraron propiedades en la costa, han instado a las autoridades europeas a velar para que ningún acto administrativo limite su propiedad basado en leyes adoptadas después de la construcción del inmueble. A juicio de las organizaciones ecologistas, esta reclamación es completamente legítima ya que, la normativa no puede aplicarse con carácter retroactivo, pero debe tener sus límites en la función social que el litoral está llamado a cumplir. La aplicación e implementación de la Ley de Costas es necesaria tanto para la conservación de nuestro litoral, su valor y los servicios y beneficios que reporta a la ciudadanía, como para evolucionar hacia un modelo de desarrollo más sostenible y con futuro.

Además, las organizaciones ambientalistas recordamos que la Ley de Costas española realiza plenamente los principios propugnados por la Recomendación 2002/413/CE del parlamento Europeo y del Consejo de 30 de mayo de 2002, sobre la aplicación de la gestión integrada de las zonas costeras en Europa. Por ello, resulta una grave amenaza que se pretenda reformar esta ley para ceder a las presiones urbanizadoras y especuladoras, promovidas de forma interesada, con fines económicos a corto plazo y perjuicio del interés general.