Recientemente, el diario Expansión, en su edición del 7 de marzo de 2010, publicaba un informe de la patronal CEOE que contabilizaba en 4.127 las personas liberadas en la empresa privada. Es decir, personas que no aparecen por su puesto de trabajo y que, sin embargo, cobran de la empresa.

A esta tropa de holgazanes hay que añadir los delegados de personal y miembros de comités de empresa que tienen un determinado número de horas al mes, según la plantilla de la empresa. En este informe, la patronal cifraba en 42.944 el número de delegados y representantes de los trabajadores en las diferentes administraciones públicas. El coste para las empresas, decía la CEOE, es de más de 250 millones de euros al año.
Más recientemente, Libertad Digital, multiplica ese número y lo eleva hasta la friolera de 57.112 personas viviendo del cuento sindical.

Según los datos del Ministerio de Trabajo, los representantes de los trabajadores son en torno a los 300.000, llevándose la palma UGT y CC.OO.
Si a estos datos añadimos las personas que trabajan en tareas administrativas (funcionarios sindicales) dentro de las corporaciones nos encontramos con que los sindicatos orgánicos están dentro de las 10 grandes empresas de España en número de trabajadores a tiempo completo y, seguramente, sean las primeras si contamos además a los trabajadores a tiempo parcial.

Curiosamente, estas grandes corporaciones sindicales, son las empresas más opacas que existen. No presentan cuentas ni en los Registros Mercantiles ni son auditadas por el Tribunal de Cuentas, a pesar de las decenas de millones de euros que reciben de las arcas públicas. Tampoco presentan, por pudor, datos sobre el número de afiliados que tienen. Tienen, también, las simpatías de la prensa “progre” que prácticamente no hace mención ni al ingente número de liberados que tienen ni a sus fuentes de financiación.

Sin embargo, tantas decenas de miles de personas supuestamente trabajando para conseguir mejoras, no han conseguido parar que España sea –y con mucho- el país con más parados del mundo occidental, ni que tenga las mejores prestaciones sociales ni unas pensiones suficientes y dignas.

Hay que colegir, por tanto, que los 250 millones de euros que dice la patronal que les cuesta los liberados sindicales más que un gasto son una inversión porque, a los hechos nos remitimos, no pueden estar descontentos con el comportamiento del sindicalismo orgánico. Otro tanto podría decirse de las administraciones públicas.

CNT aboga por una vuelta al sindicalismo de clase, cuyos miembros hagan las cosas por solidaridad y no por dinero; CNT cree necesario un sindicalismo que potencia la afiliación y participación frente a la representación como única manera de defender los intereses de los trabajadores y trabajadoras.