Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF pedirán una reforma sustancial del Proyecto de Ley para que suponga un verdadero avance hacia la sostenibilidad ambiental y social. Para ello presentan hoy un documento conjunto con sus propuestas, que harán llegar al Gobierno y los grupos parlamentarios.

Las cinco organizaciones ecologistas de ámbito estatal, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF, han presentado hoy un documento titulado Propuestas ecologistas para una Ley de Economía REALMENTE Sostenible (1), coincidiendo con la aprobación por el Consejo de Ministros del Proyecto de Ley que será remitido en unos días al Congreso para su debate parlamentario. Este documento, que las organizaciones ecologistas presentarán a los grupos parlamentarios, ha sido elaborado con el ánimo de contribuir a dicho debate y conseguir una Ley realmente útil y efectiva para el fin anunciado por el Gobierno. Por ello los autores han realizado una valoración del texto presentado previamente por el Gobierno sobre algunos de los aspectos que consideran prioritarios para avanzar hacia una economía sostenible: fiscalidad verde; cambio climático; energía; transporte y movilidad sostenible; urbanismo y vivienda, y presentan propuestas concretas en cada uno de estos ámbitos, esperando que sean tenidas en cuenta y recogidas en el texto final de la Ley.

Si bien las organizaciones ecologistas ven como una oportunidad única la tramitación de una Ley de Economía Sostenible para impulsar el anunciado cambio de modelo productivo ?haciendo de la sostenibilidad el eje fundamental de las políticas del Gobierno- consideran que el texto actual no responde a la necesidad de un cambio estructural de la economía para propiciar un giro real en las tendencias actuales que nos han llevado a una grave crisis económica y medioambiental, como muestran los impactos del cambio climático o la alarmante pérdida de biodiversidad.

Frente a la poca importancia dada a la sostenibilidad ambiental y, en cambio, la prioridad otorgada al crecimiento económico, obviando por completo el impacto que tienen las actividades económicas sobre el patrimonio natural y la biodiversidad, Amigos de la Tierra, Ecologistas en Acción, Greenpeace, SEO/BirdLife y WWF entienden que una Ley de Economía Sostenible debería basarse en el respeto a los límites de los ecosistemas y alejar a nuestra sociedad de la obsesión por el crecimiento. Debería considerarse economía sostenible aquella:

que rechace el crecimiento económico como un objetivo en sí mismo;
que suponga una progresiva reducción de la explotación de recursos naturales, especialmente de los no renovables;
que compatibilice la prosperidad y el bienestar social con la reducción de la huella ecológica y de la emisión de contaminantes, en particular los gases de efecto invernadero;
que centre su modelo energético en la reducción del consumo, la eficiencia y en las fuentes renovables;
que minimice la generación de residuos y que los gestione de forma que se puedan integrar en los sistemas naturales sin dañarlos;
que respete los principios de precaución y de quien contamina paga;
y que establezca una auténtica política fiscal verde, premiando las iniciativas ambientalmente positivas al tiempo que desincentive las actividades de elevado impacto ambiental y de mayor consumo de recursos;
en definitiva, que garantice el respeto al medio ambiente y la equidad social, de forma que puedan satisfacerse las necesidades de las generaciones actuales sin comprometer el futuro ni de las próximas generaciones, ni del resto de especies que habitan el planeta.

Las medidas concretas que contempla el documento incluyen, entre otras:

Incrementar los impuestos sobre los hidrocarburos y sobre las ventas minoristas, equiparando los tipos impositivos entre gasolina y diésel. Así como eliminar todas las ventajas fiscales para los medios de transporte más contaminantes y favorecer a los más eficientes para apoyar un transporte más respetuoso con el medio ambiente.
Establecer el compromiso de nuestro país de alcanzar un objetivo unilateral de reducción de gases de efecto invernadero para 2020 que vaya más allá del compromiso adquirido en el seno de la Unión Europea, y en, ningún caso, menos ambicioso que el marcado por el Protocolo de Kioto. En todo caso, este objetivo unilateral debe ser, como mínimo, equivalente en términos de reparto de esfuerzo, al objetivo de reducción de emisiones del 40% de la UE para 2020.
Aplicar de forma estricta el principio de precaución respecto de tecnologías que no representan verdaderas soluciones al cambio climático, como los agrocombustibles insostenibles, la captura y almacenamiento de carbono o la energía nuclear, y condicionar el uso de los créditos de carbono al cumplimiento previo de los objetivos de reducciones internas.
Fijar un objetivo claro de participación de las energías renovables de al menos un 30% de la energía primaria para 2020 y un 80% para 2050; y de al menos un 50% de la electricidad para 2020 y un 100% para 2050.
Limitar a 30 años la vida útil de las centrales nucleares, eliminando cualquier posibilidad de renovación extraordinaria de concesiones a las nucleares y contemplando que se puedan cerrar antes de lo previsto si hay suficientes energías renovables para sustituirlas.
El compromiso de detener la ejecución del PEIT y las nuevas infraestructuras que estén en abierta contradicción con los objetivos de sostenibilidad que se plantean en la Ley de Economía Sostenible.
Medidas concretas para fomentar los mercados locales frente a los globales para reducir la movilidad de las mercancías.
Una Ley de Movilidad Sostenible que obligue a las autoridades competentes a poner en marcha Planes de Movilidad Sostenible cuyo objetivo sea reducir la necesidad de desplazamientos de los ciudadanos a la vez que se priorizan los medios de transporte colectivos y no motorizados frente a los más contaminantes.
Nuevas medidas que incentiven el alquiler y la rehabilitación de viviendas frente a la propiedad y la nueva construcción.
Eliminar del texto la instauración del silencio administrativo positivo, que supondría una grave dejación de responsabilidad por parte de las administraciones públicas y la eliminación de un control preventivo que asegura, al menos, un menor impacto de las actividades económicas sobre el medio ambiente.