La nueva norma, ha suprimido procesos burocráticos para la actividad comercial, pero ha mantenido el principio de defensa del interés común a la hora de autorizar nuevas implantaciones comerciales, con lo que ha quedado salvaguardado el impacto medio ambiental, sobre el entorno histórico artístico y aquellos criterios que cada CCAA pueda definir en sus respectivas normativas para poder tener acceso a una autorización de apertura de grandes superficies.

La nueva norma establece en su exposición de motivos la definición de lo que debe entenderse por gran superficie, determinando en este sentido que debe tener más de 2.500 metros cuadrados de sala de ventas para tener tal consideración.

Por otro lado la norma permite que las CCAA puedan fijar sus propios parámetros a efectos de la determinación de que es gran superficie, cuestión que va a favorecer acercar esta definición a la realidad geográfica y comercial de cada comunidad.

Por el contrario desde nuestro punto de vista la norma adolece de alguna concreción en relación con el empleo, y concretamente en cuanto a la calidad del mismo y su estabilidad, como una de las cuestiones que nuestra organización había planteado en el proceso de discusión de la misma. Puesto que desde nuestro punto de vista el empleo en el sector de comercio pudiera verse desfavorecido en detrimento de otros parámetros económicos a la hora de la capacidad de cada uno de los formatos comerciales. Debido a que pudiera producirse una competencia de las empresas, en función de su tamaño, por ganar cuota de mercado, y este proceso perjudicaría a la estabilidad y la calidad del empleo resultante.

Así desde nuestra organización continuaremos planteando en las diferentes CCAA nuestra exigencia de que en las mismas se contemple la calidad y la estabilidad del empleo en relación con las autorizaciones de grandes superficies y de comercio de proximidad.