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La Corte Penal Internacional, en peligro
Recibida de Amnistia Internacional el 18-09-2002 a las 02:09

Amnistía Internacional lanza una petición mundial en respuesta a los ataques de Estados Unidos contra el nuevo sistema de justicia internacional.

Petición mundial on-line de AI contra los acuerdos de impunidad promovidos por EEUU:

En los últimos meses, Estados Unidos ha estado poniéndose en contacto con gobiernos para pedirles que establezcan con él acuerdos ilegales según los cuales no entregarán a la nueva Corte Penal Internacional a los ciudadanos estadounidenses acusados de genocidio, crí­menes de lesa humanidad y crí­menes de guerra. En muchos casos, el gobierno estadounidense está amenazando con retirar la ayuda militar a los paí­ses que no accedan a esta petición.

Cuatro Estados (Timor Oriental, Israel, Rumania y Tayikistán) han firmado ya estos acuerdos de impunidad.

La petición de Amnistí­a Internacional solicita a todos los Estados que se nieguen a firmar esos acuerdos de impunidad con Estados Unidos:

http://web2.amnesty.org/web/ICC_petition.nsf/act_esl

La petición estará abierta para la firma durante un mes, y se enviará a los gobiernos de todo el mundo. Las firmas recibidas antes del 27 de septiembre se enviarán también a los ministros de Asuntos Exteriores de la UE antes de su reunión del 30 de septiembre, para pedirles que consideren su postura sobre esta cuestión.

Información general

El Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional entró en vigor el 1 de julio de 2002. A 15 de septiembre de 2002, lo habí­an ratificado 79 Estados, y 139 Estados lo han firmado. Estados Unidos ha sido el único Estado que se ha opuesto activamente al establecimiento de la Corte Penal Internacional. Desde la adopción del Estatuto de Roma en julio de 1998, Estados Unidos ha tratado de lograr que los ciudadanos estadounidenses queden fuera de la jurisdicción de la Corte.

Amnistí­a Internacional, otras ONG y algunos gobiernos han demostrado repetidamente que el temor de Estados Unidos de que la Corte pueda utilizarse para procesar por motivos polí­ticos a ciudadanos estadounidenses es infundado, ya que el Estatuto de Roma contiene salvaguardias sustanciales y garantí­as relativas a la celebración de juicios justos.




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