James Anaya, relator especial de la ONU sobre pueblos indígenas, pone de relieve el acoso al que el Gobierno somete a los indígenas bosquimanos y bakgalagadi en la Reserva de Caza del Kalahari Central (RCKC). Estos, pese a la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 2006 que dictaminaba que las expulsiones de la reserva habían sido ilegales, siguen enfrentándose a un trato vejatorio.

En el informe, Anaya escribe: “negar servicios a quienes actualmente viven en la reserva no parece estar en consonancia con el espíritu y la lógica subyacente a la decisión [emitida por el Tribunal Supremo en 2006], ni con las pertinentes normas internacionales sobre derechos humanos.”

“Los indígenas que han permanecido o regresado a la reserva se enfrentan a duras y peligrosas condiciones debido a la falta de acceso al agua, una situación que podría ser fácilmente remediada reactivando los pozos de la reserva. El Gobierno debe reactivar estos pozos o, de otro modo, asegurar el acceso al agua a los habitantes de la reserva como una cuestión prioritaria”, asevera James Anaya en su informe.

Además, añade: “la postura gubernamental de que la vida en la reserva de las comunidades basarwa [bosquimanos] y bakgalagadi es incompatible con los objetivos de conservación y estado de la reserva parece ser inconsistente con su decisión de permitir a la empresa Gem Diamonds/Gope Exploration Ltd. que desarrolle actividades mineras dentro de ésta, una operación que viene siendo planeada desde hace varias décadas y que podría implicar una afluencia de entre 500 y 1.200 personas a la zona, según la propia empresa minera.”

Finalmente, recomendó que el Gobierno debe “cumplir completa y fielmente” la sentencia emitida por el Tribunal Supremo en 2006 y facilitar “el regreso de todos aquellos que fueron expulsados de la reserva y que deseen volver, permitiéndoles dedicarse a la caza y recolección de subsistencia, conforme a sus prácticas ancestrales, y les proporcione los mismos servicios gubernamentales de los que gozan el resto de botsuanos en cualquier otra parte, incluido, de forma inmediata, el acceso al agua”.

Según Survival International: “Ahora están aumentando las críticas al Gobierno por negarse continua y terriblemente a permitir a los bosquimanos acceder al agua. Es un comportamiento muy desagradable e intimidatorio, e impresiona a quien lo conoce. Survival llega ahora a más de un millón de personas, y nos aseguraremos de que conozcan lo que está sucediendo. Resulta sorprendente que el Gobierno se siga comportando de semejante modo. Mientras persista su comportamiento, el caso de los bosquimanos permanecerá como un cáncer enquistado en el corazón de la reputación internacional de Botsuana.”