Se cumplen ya cuatro años desde que el equipo de gobierno del Ayuntamiento de Madrid extendiera el SER a barrios periféricos de la capital, provocando que miles de vecinos afectados expresasen su rechazo en múltiples manifestaciones, actos de protesta, firmas y escritos que nunca fueron respondidos.

Esta imposición fue anunciada con mentiras (a petición de los vecinos) y argumentos infantiles (para igualar los barrios periféricos con los del centro). Todos vieron, menos Gallardón y Calvo, que se trataba de algo absurdo, que sólo pretendía sacar dinero a los vecinos afectados, y que ha provocado graves perjuicios a los pequeños comerciantes.

Finalmente la justicia dio la razón a los vecinos, declarando nula la ampliación, no por defecto de forma, sino por haber sido dictada por persona que no era competente para ello, dejando en la ilegalidad los parquímetros, no sólo de los barrios periféricos de Hortaleza, Fuencarral, El Pilar, La Paz y los Carabancheles, sino de otros del interior de la M-30 (como en Arganzuela, Retiro, Chamartín y Tetuán). Tras la anulación de una multa, decretada recientemente, tendrá que ocurrir lo mismo con las que están pendientes de resolución administrativa o judicial.

La justicia debe completar su trabajo, y exigir al Ayuntamiento de Madrid la ejecución de la sentencia, devolviendo de oficio las cantidades recaudadas indebidamente. Nos parece discriminatorio que no actúe con la diligencia con la que actúa cuando la ilegalidad la comete un ciudadano, y no se le puede obligar al contribuyente a que tenga que pagar un abogado para poder reclamar sus derechos conculcados.

En este último año hemos solicitado reunirnos con el alcalde, incluso con el presidente del PP, Mariano Rajoy; pero la callada ha sido la respuesta. Ya sufrimos el plantón de la presidenta de la Comunidad en su día, lo que nos muestra su complicidad.

Tampoco nos ha contestado el alcalde a la petición de realizar una consulta popular en los barrios afectados, para que se decida, de una manera democrática, el futuro de unos parquímetros que han provocado el rechazo vecinal.

Dice el refrán que no hay peor sordo que el que no quiere oír, y, a la sordera municipal, nosotros añadimos la ceguera en no querer ver lo absurdo de la implantación de los parquímetros periféricos. De hecho, si no se han extendido a otros barrios, por algo será. Y si los mantienen en donde provocaron el rechazo vecinal, será por un afán de venganza de quien no admite le lleven la contraria, o por los compromisos adquiridos con las empresas concesionarias. O por ambas razones a la vez.

Pero además los madrileños deben saber que esta imposición cuesta mucho dinero a los bolsillos de los contribuyentes.

– Denunciamos que en estos cuatro años el Ayuntamiento de Madrid continua pagando a las empresas concesionarias las plazas azules que se suprimieron en mayo de 2006 en los cascos históricos, superándose los 2 millones de euros el dinero pagado indebidamente a las concesionarias.
– La diferencia entre la recaudación por tiques y el canon pagado a las empresas concesionarias en las zonas de ampliación en 2006 arroja un déficit superior a los 20 millones de euros anuales, que contrasta con el equilibrio de ingresos y gastos en las zonas centrales. Este déficit, cercano a los 80 millones en cuatro años, muestra lo innecesario de la medida en zonas no centrales de la ciudad.
– Este déficit se compensa con las sanciones denunciadas por los vigilantes del SER, lo que confirma que la extensión de los parquímetros sólo tiene una finalidad recaudatoria vía sanciones disciplinarias.

El responsable de adoptar una medida declarada ilegal, y de malversar fondos públicos municipales, debería abandonar su cargo público, por coherencia. Y si esto no ocurre, la persona que lo nombró, el Alcalde, se hace corresponsable al no cesarlo.

Los colectivos vecinales anti-parquímetros, que durante estos cuatro años hemos compartido la lucha vecinal, aun a costa de nuestro esfuerzo, tiempo y dinero, reiteramos nuestro compromiso de mantener la lucha hasta el final, y de nuevo

EXIGIMOS

1- La retirada inmediata de los parquímetros de los barrios en los que han sido claramente rechazados.
2- La negociación con los vecinos de otros barrios afectados por la sentencia, para el posible mantenimiento o no de la zona SER
3- La revisión, a la luz de estas circunstancias, de los contratos firmados con las empresas concesionarias en 2006, y que han quedado sin validez.
4- La devolución íntegra a todos los vecinos de las cantidades cobradas indebidamente por las tarjetas de residente, las multas y los tiques.
5- La revisión de las condenas y sanciones impuestas con motivo de las protestas vecinales realizadas.
6- La compensación por los perjuicios ocasionados a los pequeños comerciantes de las zonas periféricas y a los vecinos represaliados e injustamente vigilados.

Animamos a los vecinos afectados a reclamar la devolución de las cantidades ilegalmente recaudadas por el Ayuntamiento, y a los madrileños a que exijan responsabilidades a los dirigentes municipales por el despilfarro en las arcas públicas que está significando esta imposición.