texto de la protesta es el siguiente:

Madrid, 25 de febrero de 2010

A la atención del:
Consejo General del Poder Judicial

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), colectivo que lleva más de nueve años dedicado a la localización de desaparecidos a causa de la represión franquista, se ve en el deber de protestar ante su organismo por el trato degradante que por parte de la justicia española padecen decenas de miles de ciudadanos y ciudadanas.

Protestamos porque a pesar de la legislación humanitaria que determina sus derechos, el poder judicial español está haciendo dejadez de sus deberes fundamentales. Prevarican y han prevaricado numerosos jueces que han incumplido la Ley de Enjuiciamiento Criminal que dicta el deber del juez de personarse en aquel lugar en el que aparecen restos humanos con signos de violencia.

Protestamos porque tras haber promovido la exhumación de más de cien fosas comunes sólo hemos contado con la presencia de un juez en cuatro ocasiones. Eso quiere decir que aquellos jueces que no han acudido a las fosas han hecho dejadez de sus funciones entre otras razones porque han sido decenas los jueces que han prevaricado al tener noticia de la aparición de restos humanos con signos de violencia y no acudir al lugar donde han aparecido para recavar información, como determina el artículo 335 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal.

Protestamos porque el Consejo General del Poder Judicial no ha llevado a cabo ningún tipo de medida para garantizar el cumplimiento de las leyes y de ese modo está consintiendo y haciéndose partícipe de ese incumplimiento de la ley. Por ello están generando un grave daño a los familiares de los desaparecidos que según la resolución de la ONU 47/133 de Naciones Unidas sobre Desaparición Forzada dice en su artículo tercero:

“Los Estados tomarán medidas legislativas, administrativas, judiciales y otras medidas eficaces para prevenir o erradicar los actos de desapariciones forzadas en cualquier territorio sometido a su jurisdicción”.

Protestamos porque la omisión de auxilio a las familias es una forma de maltrato por parte del Estado y una nueva agresión a quienes han sufrido y sufren uno de los delitos más graves que se pueden cometer contra una persona.

Protestamos porque la persecución contra el juez Baltasar Garzón es otra forma de culpabilizar a las víctimas y de seguir negándoles sus derechos. El Poder Judicial español no puede dejar sin investigar ni juzgar el asesinato y la desaparición de más de 113.000 personas, un delito que ha seguido cometiéndose en el día de hoy y que se seguirá cometiendo mientras los familiares no hayan podido cerrar el duelo, conocer la verdad y ser reparados por la justicia.
Protestamos porque la falta de aplicación de los derechos de los familiares de los desaparecidos y desaparecidas es una forma de encubrimiento de quienes cometieron el mayor delito de terrorismo y asesinato de nuestra historia reciente.

Protestamos porque cada día que pasa, y el poder judicial español continúa cruzado de brazos, están muriendo sin haber tenido oportunidad de que les asista la justicia hombres y mujeres que sufrieron la agresión terrorista más dura de nuestra historia reciente y no tienen ningún amparo por parte de los poderes del Estado.

Protestamos por la desprotección de las víctimas palpable en el hecho de que sea posible exaltar públicamente a quienes alentaron, acaudillaron y diseñaron esos crímenes sin que quienes los jalean sean perseguidos por leyes de apología de la violencia y exaltación de personas que utilizaron las armas y el terror para conquistar el poder.

Protestamos porque la fiscalía de la Audiencia Nacional (Javier Zaragoza) aseguró durante el proceso abierto por el juez Garzón en octubre de 2008 que las más de 113.000 desapariciones eran delitos comunes, insultando a la verdad y a la inteligencia de los descendientes de todos esos hombres y mujeres. Fueron asesinatos cometidos en más del 90% de los casos entre los meses de julio, agosto, septiembre y octubre de 1936, por lo que es evidente que alguien dio la orden de comenzar las matanzas y alguien dio la orden de detenerlas y ello quiere decir que se trataba de una operación orquestada, diseñada y dirigida.

Protestamos porque una sociedad democrática no puede consentir la impunidad de hechos tan graves y porque el Consejo General del Poder Judicial no corrija a quienes tratan de aplicar la Ley de Amnistía de 1977, que no tiene ninguna validez porque según numerosa legislación internacional que nos afecta no puede servir para invalidar o negar la investigación de violaciones tan graves de los derechos humanos.

A la espera de que tomen las medidas oportunas y cumpliendo las leyes camines hacia un proceso que garantice la justicia a la que tienen derecho las víctimas de la dictadura franquista se despide atentamente,

Emilio Silva
Pte. Asociación para la Recuperación de la Memoria