“La UE debe hacer algo más que limitarse a hablar con hermosas palabras sobre la idea de una unión basada en los valores y principios establecidos en la Carta de Derechos Fundamentales. En la estrategia, los derechos humanos deben estar al mismo nivel que las cuestiones relativas a la seguridad y a la cooperación en materia de inteligencia”, ha manifestado Nicolas Beger, director de la Oficina de Amnistía Internacional ante la UE.

Las escasas acciones emprendidas por los gobiernos tras varias investigaciones sobre la cooperación con el gobierno estadounidense en la denominada “guerra contra el terror” subrayan la necesidad de que la UE adquiera un nuevo ímpetu en el que se respeten plenamente los derechos humanos. El mes pasado, la ONU publicó un nuevo estudio sobre la detención secreta en el contexto de la lucha contra el terrorismo. En él se identificaba a una serie de Estados miembros de la UE, entre ellos Alemania, Italia, Lituania, Polonia, Reino Unido y Rumania, que han estado implicados en prácticas ilegales y no han mostrado voluntad política de investigar exhaustivamente estas denuncias y hacer que los responsables rindan cuentas.

Amnistía Internacional insta a los ministros del Consejo de Justicia y Asuntos de Interior a incluir en la nueva estrategia de seguridad interna la cuestión de la complicidad de Estados miembros de la UE en el programa de entregas y detención secreta de la CIA. Deben llevarse a cabo, de acuerdo con las resoluciones adoptadas por el Parlamento Europeo en 2007 y 2009 sobre esta cuestión, investigaciones efectivas sobre la participación de Estados miembros en dicho programa. Un buen punto de partida sería instar al Gobierno británico a que lleve a cabo una investigación independiente e imparcial sobre su propio papel en la entrega, la detención secreta y el interrogatorio de personas recluidas en el extranjero, incluido el caso de Binyam Mohamed. También debe ejercerse presión para garantizar que las investigaciones de Alemania, Polonia y Lituania siguen adelante y cumplen las obligaciones legales internacionales contraídas por los gobiernos.

España debe además asumir su responsabilidad colaborando activamente con la investigación judicial que está realizando la Audiencia Nacional sobre el uso de aeropuertos y bases militares españoles por parte de aviones que participaban en entregas extraordinarias y otras violaciones de derechos humanos.

“Queremos ver que la UE rinde cuentas y actúa sobre estas cuestiones sin demora. Está claro que varios Estados miembros han estado implicados en graves violaciones de derechos humanos en años recientes y, si la UE realmente está comprometida a establecer una comunidad basada en el Estado de derecho, deben llevarse a cabo investigaciones adecuadas”, ha concluido Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional España.