El informe de la fiscal desmonta todas las acusaciones que Telefónica utilizó en la apertura de los expedientes y en la propia demanda penal, contextualizando lo acontecido “dentro de un proceso negociador”. Así aclara que no se produce allanamiento porque la entrada al edificio fue libre y con el consentimiento de sus moradores; no hay delito de injurias porque el vigilante supuestamente ofendido no presentó denuncia; respecto de las coacciones, dice que se producen en ese mismo contexto y reconoce que, habiéndose convocado huelga, dentro de ese proceso negociador la huelga es un medio de presión en sí y las amenazas no tienen entidad de delito ya que obedecen a la tensión del momento. Incluso respecto a la rotura del cristal dice que “...de probarse sería consustancial a la presión propia de la conducta que los huelguistas desarrollaron y por tanto no tiene entidad autónoma sino que deberán englobarse dentro de la conducta coactiva dentro de la responsabilidad civil”.

El archivo de la denuncia también pone en evidencia lo contradictorio de las sentencias dictadas en la vía laboral, que a pesar de haber minorado sustancialmente las sanciones, mantienen uno de los despidos. En los juzgados de lo social basta que el juez dé mayor credibilidad a las declaraciones de los vigilantes contratados por la propia Telefónica que a los testigos de los sancionados. Ningún representante de la empresa ni de los sindicatos mayoritarios que acabaron firmando el convenio estuvo presente en la concentración, pero no dudaron en utilizar sus potentes maquinarias para, comunicado tras comunicado, criminalizar y desprestigiar un movimiento sindical en lucha por el mantenimiento y mejora de las condiciones laborales. Todo fue una cortina de humo: estallado el escándalo por la firma de un convenio muy insatisfactorio para gran parte de la plantilla, necesitaba una excusa para desviar la atención.

Es hora de que quien utilizó su posición de ventaja para ajusticiar a sus oponentes rectifique y retire las acusaciones y las sanciones; que aquellos que dudaron de la legitimidad de una huelga y protesta frente a un mal acuerdo asuman sus errores y reconozcan que lo ocurrido fue algo natural en un proceso negociador; que los que calificaron los hechos de violentos reconozcan que la mayor violencia fue su orquestada manipulación. Todo fue un montaje basado en la vieja estrategia empresarial de aniquilar los lícitos movimientos de presión y protesta. Ahora, tras el archivo de la denuncia, le toca a Telefónica SAU la inmediata retirada de todas las sanciones y la readmisión del único delegado que aún sigue despedido.