La dignificación y reconocimiento, a nivel europeo, de la figura del traductor es algo necesario; por ello se está elaborando un “Libro blanco” que intente poner en claro la situación en la que se encuentra este sector. Este sería un primer paso para que las Administraciones exijan la instauración de protocolos de actuación y se coordinen para implantar un sistema normalizado de contrataciones del servicio de traducción e interpretación judicial. Este documento oficial, que cuenta con el apoyo de la Comisión Europea, tiene como finalidad el poder servir de guía o informe. No se puede clasificar como un Libro blanco europeo al uso, ya que su principal destino es el territorio nacional, aunque más adelante se prevé que podría impulsarse al resto de los países miembros de la Unión Europea. Esta iniciativa se encuentra en fase inicial, y se pretende que pueda estar finalizada en este primer semestre, para así poder comenzar a dar la voz de alarma. Su coordinación y preparación corre a cargo de los propios interesados, es decir, el Ministerio de Asuntos Exteriores o Asociaciones de Intérpretes Judiciales.

Desde hace varios años CSIT UNIÓN PROFESIONAL viene denunciando la falta de titulación de los trabajadores dependientes de la empresa subcontratada por la Comunidad de Madrid para realizar la traducción en los procesos judiciales, así como la carencia de filtros que garanticen la capacitación de estos empleados. Dicha empresa debería exigir a sus trabajadores la posesión de un determinado código deontológico, y no limitarse simplemente a tener en su plantilla un determinado número de profesionales.

La Comunidad de Madrid cuenta con un Servicio de Traducción-Interpretación compuesto por una plantilla de 18 trabajadores, algo insuficiente para la totalidad de juicios diarios en los que se requiere su actuación. A estos profesionales se les exige una determinada cualificación profesional, acreditada por la propia Administración. Al no poder cubrirse (a través de la plantilla de traductores-intérpretes adscritos a la Subdirección General de Relaciones con la Justicia) todas las necesidades de los órganos jurisdiccionales, últimamente, se recurre al personal dependiente de una empresa subcontratada por el Gobierno Regional. Los profesionales ofrecidos por dicha empresa no cubren, en muchos casos, las necesidades del juez o tribunal al que están asistiendo -algunos traductores no tienen conocimiento del castellano-, por lo que se retrasa el desarrollo de algunos procesos judiciales, produciendo la anulación de algunas sentencias.

Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL reclamamos la dignificación de este colectivo, y exigimos al Gobierno Regional un sistema racional que proporcione una correcta gestión del servicio público que ha de prestar a los órganos jurisdiccionales madrileños. Es necesario disponer de los medios necesarios para poder ejercer correctamente las obligaciones y derechos constitucionales.