La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) lamenta el auto del juez Luciano Varela en el que admite tener evidencias de que el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón, prevaricó al tratar de investigar los crímenes de la dictadura franquista. Se trata de una persecución que recuerda la aplicación de la ley de responsabidades políticas con la que las autoridades de la dictadura franquista juzgaron y condenaron a miles de opositores.

El juez Baltasar Garzón podría convertirse en la primera persona encausada como consecuencia de las numerosas violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura del general Francisco Franco. Si fuera así el Tribunal Supremo, en el que la mayoría de los magistrados juraron los principios del movimiento, estaría causando un gran daño a la justicia del Estado español y proyectando internacionalmente la persecución de un juez que junto a unos pocos ha tratado de investigar los crímenes de mayor gravedad que se ahn cometido en la historia reciente de nuestro país. Se trata de graves delitos contra los derechos humanos que no pueden considerarse amnistiados entre otras cosas porque antes de que se aprobara la Ley de Amnistía de 1977 el Gobierno español había ratificado el Pacto por los Derechos Civiles y Políticos de la ONU, que reconoce como derecho fundamental el acceso a la justicia para víctimas de delitos de tal gravedad.

Desde que hace casi diez años la ARMH iniciara la búsqueda de desaparecidos han sido numerosos los jueces que con evidencias han prevaricado en España, al no abrir diligencia ante la aprición de restos humanos con signos de violencia. La Ley de Enjuiciamiento Criminal dicta el deber de los jueces de primera instancia de acudir a los lugares en los que aparezcan restos humanos con signos de violencia. En decenas de ,juzgados de diferentes comunidades autónomas han incumplido conscientemente uno de sus deberes fundamentales sin que ello haya supuesto ningún tipo de sanción de los órganos de gobierno de los jueces.

Mientras el magistrado Luciano Varela (el que recientemente redujo una condena contra una mujer maltratada hasta la tetraplejia) continúa su particular caza de brujas, son miles los familiares de los desaparecidos que se encuentran desprotegidos por las administraciones públicas, buscando ayuda en grupos de voluntarios y sin vivir en una estado de derecho real ya que si así fuera estaría articulados los mecanismos que deben garantizarles su derecho a la verdad, a la justicia y a la reparación.