Desde CSIT UNIÓN PROFESIONAL exigimos al Gobierno Regional un sistema racional que proporcione una correcta gestión del servicio público que ha de prestar a los órganos jurisdiccionales madrileños. Disponer de los medios necesarios para ejercer las funciones constitucionales debe ser algo prioritario para un correcto funcionamiento en la administración de la justicia.

A dichos profesionales se les exige una determinada cualificación profesional, que debe ser acreditada por la propia Administración. Para ello, se les somete a varias pruebas prácticas para reconocer sus conocimientos, recurriéndose al Departamento de Traducción e Interpretación del Ministerio de Asuntos Exteriores para su posterior control y evaluación.

Las necesidades de los órganos jurisdiccionales no cubiertas por la propia plantilla de traductores-intérpretes adscritos a la Subdirección General de Relaciones con la Administración de Justicia, se han suplido en los últimos años de diversos modos: a través del llamamiento a personas conocedoras del idioma (a criterio del titular del órgano judicial), listas de personas dispuestas por idiomas, zonas y disponibilidad horaria… Últimamente se recurre al personal dependiente de una empresa subcontratada por el Gobierno Regional.

Los traductores-intérpretes que proporciona esta empresa no cubren en muchos casos las necesidades del juez o el tribunal al que están asistiendo. Se han dado casos en los que el traductor no tenía conocimiento de castellano. Este hecho dificulta y retrasa el desarrollo de los procesos judiciales produciendo la anulación de algunas sentencias. Los más perjudicados por este problema son jueces, fiscales y abogados, además de los propios ciudadanos imputados.

Mediante este sistema de contratación privado, la Administración Regional se desesentiende de la prestación del servicio público que está obligada a ofrecer, dejando a criterio de la empresa subcontratada el adecuado cumplimiento del mismo.