– Como ya han advertido los sindicatos de policía y los abogados (Subcomisión de Extranjería del Consejo General de la Abogacía Española), así como múltiples ONG’s especializadas, las identificaciones y las detenciones preventivas sólo se justifican cuando hay un indicio racional de delito o infracción. Sin embargo, lo que esta circular pone en evidencia es que la policía ha recibido órdenes de identificar y detener extranjeros indiscriminadamente sin otro motivo que el de detectar inmigrantes en situación irregular, sin ningún criterio claro.

– Estas identificaciones y detenciones suponen una vulneración de los derechos civiles de todos los ciudadanos, alentando al mismo tiempo la xenofobia al favorecer una imagen del inmigrante como objeto permanente de la actuación policial. Este hecho cobra especial relevancia tras el debate público generado a raíz del intento de varios ayuntamientos de restringir el acceso al empadronamiento de los inmigrantes sin documentación en regla para residir en España.

– Esta circular rompe el principio de proporcionalidad. La jurisprudencia de los Juzgados de lo Contencioso, Tribunales Superiores de Justicia, e incluso el propio Tribunal Supremo, ha insistido, en los últimos años, en que el hecho de no tener la documentación en regla propiciando la infracción denominada estancia irregular, es una falta administrativa para la que se debe aplicar principalmente una sanción económica, puesto que no supone una infracción tan grave como para suponer la expulsión, que debe ser una medida extraordinaria.

– Si las normas afectan a las y los ciudadanos, éstos tienen el derecho de conocerlas. CEAR considera que este tipo de circulares deben ser públicas, ya que afectan al derecho de defensa de los extranjeros, un principio básico del Estado de Derecho, como ha advertido la oficina del Defensor del Pueblo.

– La relación que se establece entre inmigración y delito, entre la ley de extranjería y la ley de seguridad ciudadana, crea sospecha social contra los inmigrantes. A CEAR le preocupa el impacto que en las percepciones colectivas tienen este tipo de normas y actuaciones policiales para la construcción de una convivencia intercultural pacífica.

– La obsesión por expulsar al mayor número posible de extranjeros en situación irregular no se corresponde con las necesidades prioritarias que tiene el país en este momento, y reduce la política migratoria a un asunto de control policial. CEAR sigue defendiendo la necesidad de un consenso social en materia de migración, que defina un modelo de integración y rechace las tentaciones xenófobas, con mayor razón en tiempos de crisis económica y dificultades en la atención social del conjunto de la población.