Las demandas por despido improcedente fueron presentadas por CCOO en representación de 16 trabajadores que venían prestando sus servicios bajo relación contractual de obra y servicio, en algunos casos hace más de 20 años, habiéndose producido una sucesión de empresas distintas en la gestión del CAID, pero padeciendo en todo momento la precariedad, los bajos salarios y la inestabilidad.

En el banquillo se sienta Proyecto Hombre, la nueva adjudicataria del servicio, quien negó en todo momento la subrogación de la plantilla, enviando a estos profesionales al paro para sustituirlos por otros aún más baratos. También la Fundación Salud y Comunidad, anterior adjudicataria del servicio, y la Comunidad de Madrid, que no ha previsto en el pliego de condiciones la subrogación de la plantilla.

Para CCOO, el presente caso es reflejo de la desregulación a que se enfrentan diariamente los profesionales de Intervención Social, y un negro augurio para el futuro del sector, que no puede relegarse a las "peleas" en sede judicial de los derechos de los trabajadores.

El pasado 5 de febrero el sindicato denunciaba el bloqueo de la negociación colectiva por parte de la patronal. Combatir la precariedad, la inestabilidad, el encadenamiento de contratos de obra, los despidos, la rotación, las escasas retribuciones, las reducciones salariales, la bajada de los precios por las administraciones ha de pasar por la negociación colectiva y por reponer un convenio colectivo de Intervención Social. El mismo debe fijar un marco de unas condiciones laborales dignas, y regular la subrogación del personal como garantía de estabilidad exigible a todas las partes, también frente a las administraciones. CCCO insiste en que adoptará todas las medidas que estime necesarias para alcanzar estos objetivos.