El proyecto de “Ley de Estabilidad y Reconciliación Nacional” fue aprobado por ambas cámaras del Parlamento afgano a principios de 2007 y publicado en el Boletín Oficial en noviembre de 2008 aunque, excepcionalmente, no se difundió públicamente hasta enero de 2010.

Amnistía Internacional y otras organizaciones de derechos humanos, entre ellas la Comisión Independiente de Derechos Humanos de Afganistán, consideran que esta ley es un intento de dar cobertura legal a la impunidad de que siguen disfrutando los autores de violaciones de derechos humanos, incluidos los talibanes.

“Quienes respaldan este ‘proyecto de ley de impunidad’ deberían darse cuenta de que no pueden limitarse a borrar el historial afgano de gravísimas violaciones de derechos humanos y crímenes de guerra en los tres últimos decenios a golpe de legislación. Ni pueden acallar las continuas reclamaciones de justicia y rendición de cuentas por parte de la población afgana”, señaló Sam Zarifi, director del Programa Regional de Amnistía Internacional para Asia y Oceanía.

“Existen verdaderas dudas en cuanto a la validez jurídica de este ‘proyecto de ley de impunidad’, ya que ninguna disposición de derecho interno puede inmunizar a los autores de crímenes internacionales. De hecho, el presidente Karzai no llegó a firmar el proyecto de ley, y no se ha divulgado públicamente hasta casi dos años después de que el Parlamento votara sobre él.”

Con arreglo a este proyecto de ley, quienes cometieron violaciones graves de derechos humanos y de las leyes de la guerra, como matanzas, desapariciones forzadas generalizadas y uso sistemático de tortura –incluida la violación–, ejecuciones públicas y otras formas de malos tratos, serían inmunes al procesamiento si se comprometieran a colaborar con el gobierno afgano.

“La trayectoria de los últimos ocho años es clara como el cristal: los intentos de satisfacer a los autores de abusos contra los derechos humanos sólo han servido para que se deteriore la seguridad y se erosione la legitimidad del gobierno. Muchas de las personas acusadas de abusos cometidos en el pasado ocupan en la actualidad destacados cargos públicos cuando pesan sobre ellos nuevos cargos de implicación en violaciones de derechos humanos” afirmó Sam Zarifi.

Según las disposiciones del proyecto, los talibanes que aceptaran cooperar con el gobierno afgano también serían inmunes al procesamiento. El gobierno afgano y quienes lo apoyan en el ámbito internacional señalaron como prioritaria la reconciliación con los talibanes durante la Conferencia de Londres celebrada en enero de 2010.

“La conveniencia a corto plazo en forma de reconciliación con los talibanes no debe primar sobre los derechos de la población afgana, en particular los de las mujeres y niñas afganas, que ya han sufrido bastante durante su sometimiento a las represivas estructuras talibanas. Los talibanes tienen un historial de espantosos abusos contra los derechos humanos, cuando gobernaban en Afganistán y también en la actualidad, en las zonas bajo su control. Hay que exigirles que respondan de sus actos, no garantizarles oficialmente la impunidad” afirmó Sam Zarifi.

“La población afgana ha dejado patente una y otra vez que aspira a un gobierno que garantice y proteja sus derechos humanos y que haga valer el Estado de derecho. Esta legislación es, sencillamente, un intento de desviar el curso de la justicia bajo el imperfecto disfraz de ofrecer seguridad.”