El último asesinato de un Vigilante de Seguridad en la provincia se produjo el pasado mes de Noviembre cuando unos delincuentes querían robar cables de cobre, el vigilante fue brutalmente agredido y murió el pasado mes de Enero tras estar todo ese tiempo en coma. El Vigilante de Seguridad se encontraba sin arma y completamente solo, en unas condiciones de servicio que es “la tónica en la capital y provincia sin que el gobierno haga absolutamente nada y realice la vista gorda a las empresas de Seguridad, que someten en buena medida a estas condiciones a los empleados, sin arma y completamente solos”.

Además, según denuncian los sindicatos, la provincia de Sevilla está completamente “infectada” de intrusismo en el sector, de presuntos Vigilantes de Seguridad, todos ellos irregulares, sin titulación oficial y sin haber superado ninguna prueba como exige la Ley Orgánica que regula la Seguridad Privada. Para los sindicatos este comportamiento, que conoce la Delegación del Gobierno, somete a la provincia y a toda población a situaciones donde hay supuestamente vigilancia, pero a cargo de personas que pueden tener antecedentes penales y no tienen conocimiento alguno de seguridad.

Todas estas denuncias la Delegación del Gobierno tiene conocimiento y sus medidas son “completamente insuficientes” denuncian, como revela la muerte “constante” de personas cuyo sistema de Vigilancia debe estar aprobado y celosamente perseguido por la Delegación del Gobierno.