Una delegación de la organización visitará Brasil del 16 al 27 de septiembre, en ví­speras de las elecciones convocadas para el mes de octubre, y se reunirá con los candidatos presidenciales para hablar sobre lo que piensan hacer a fin de fomentar y proteger los derechos fundamentales de todos los brasileños. Posteriormente, los delegados viajarán al estado de Espí­rito Santo, donde los defensores de los derechos humanos continúan enfrentándose a graves peligros en un marco de violaciones de derechos humanos, corrupción y delincuencia organizada.

"Combatir la espiral de crecimiento de las tasas de criminalidad de las ciudades brasileñas ocupa un lugar destacado en los programas de los candidatos", ha señalado Amnistí­a Internacional, reconociendo la necesidad de aplicar medidas que resuelvan la creciente crisis de seguridad pública.

"Sin embargo, si no hay garantí­as claras respecto a los derechos humanos, existe el peligro de que la \’guerra contra el delito\’ se convierta en un cheque en blanco para que las fuerzas de seguridad continúen aplicando técnicas policiales represivas que generan violaciones de derechos humanos a gran escala", ha añadido la organización.

El los últimos años, Amnistí­a Internacional ha seguido documentando el uso generalizado y sistemático de la tortura para conseguir confesiones en investigaciones penales y como método para controlar, castigar y humillar a los presos en el sistema penitenciario del paí­s, saturado hasta el lí­mite.

Bajo la presión cada vez mayor de una opinión pública que exige más seguridad, los miembros de las fuerzas policiales brasileñas se toman cada vez con más frecuencia la justicia por su mano, y los incidentes en los que la policí­a dispara ilegalmente provocando muertes están alcanzando unas cifras alarmantes.

"Las ví­ctimas de estas prácticas policiales abusivas pertenecen en su mayorí­a a los sectores más vulnerables y marginados de la sociedad brasileña, que se encuentran atrapados en tierra de nadie entre la violencia de las bandas de delincuentes organizadas y la violencia con que el Estado responde ante ellas", ha afirmado la organización.

La organización ha subrayado que el aumento constante de los í­ndices de criminalidad demuestran que la brutalidad policial no es la respuesta, sino que por el contrario acaba por exacerbar la espiral de violencia, abusos contra los derechos humanos e inseguridad que asola a la sociedad brasileña.

El uso que hacen muchos polí­ticos y figuras públicas del delito y la violencia urbana en sus discursos también ha reducido aún más el ya limitado espacio para debatir públicamente las cuestiones de derechos humanos. El respeto de estos derechos se ha presentado equivocadamente como algo que deteriora la seguridad pública, en lugar de reforzarla.

Quienes luchan para sacar a la luz y combatir la violencia y la impunidad que infestan el paí­s suelen ser tildados de \’defensores de bandidos\’\’, y en todo Brasil los abogados, periodistas, activistas por la propiedad de la tierra, lí­deres indí­genas o testigos que son lo suficientemente valientes como para testificar a pesar de las amenazas sufren cada vez más intimidaciones, hostigamientos y ataques por su labor en favor de los derechos humanos.

"Todos los candidatos presidenciales deben comprometerse públicamente a mantener un lugar para el debate sobre los derechos humanos y a hacer de la protección de estos derechos una prioridad", ha afirmado Amnistí­a Internacional. "Esto supone reconocer la legitimidad del trabajo de los defensores de los derechos humanos, tan desvalorado en el actual clima de temor y desconfianza sobre cuestiones de seguridad pública", añadió la organización.